La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

de las organizaciones sindicales y tres de las asociaciones empresariales –Real Decreto
355/1991, de 15 de marzo--) 483 .
Esta necesidad de participación institucional en materia de colocación, como freno a los
peligros derivados de la intromisión del factor político en un servicio público de tanta
enjundia como el aquí analizado, ha estado presente desde la creación de la OIT. Se pensó,
como primera hipótesis, constituir un sistema sindical de colocación, pero esta idea fue
desechada por considerar que podía beneficiar exclusivamente a los afiliados. Se barajó,
igualmente, la implantación de una organización mixta de patronos y obreros, pero también
se rechazó por entender que podía extender su actuación únicamente a los asociados.
Finalmente, se abogó por un sistema de colocación público con representación obrera y
patronal. Así, el primer Convenio en esta materia, el Convenio núm. 2 y la Recomendación
núm. 1, de 1919 sobre Desempleo, ya señalaban que la estructura del Servicio Público de
Empleo se integraba “por comités en los que deberán figurar representantes de los
trabajadores y de los empleadores, que serán consultados en todo lo que concierna al
funcionamiento de dichas agencias”. Además, el único Convenio específico sobre el Servicio
de Empleo, el Convenio núm. 88 de 1948, señala, en su art. 4, que “se deberán celebrar los
acuerdos necesarios, por intermedio de comisiones consultivas para obtener la cooperación
de representantes de los empleadores y de los trabajadores en la organización y
funcionamiento del servicio de empleo, así como en el desarrollo del programa del servicio
de empleo” 484 .
Igualmente, si se analiza la historia de colocación en España, cabe recordar que la
intervención de las asociaciones empresariales y sindicales en la estructura de un servicio
público data de la II República, tal y como demuestra el art. 10 Ley Colocación de 1931, en
virtud del cual “en la elección de personal para el servicio de las oficinas se considerará como
mérito, en igualdad de condiciones, el conocimiento de la técnica de los oficios y la práctica
probada en cuestiones sociales” 485 , idea que se retomó, tras el paréntesis de la Dictadura
Franquista, con la creación del Instituto Nacional de Empleo, en cuyos órganos directivos,
concretamente, en el Consejo General y en la Comisión Ejecutiva, estaban representadas la
Administración y las asociaciones sindicales y empresariales más representativas (art. 40
LBE y Real Decreto 1458/1986, de 6 de junio) 486 .
Este es el antecedente inmediato de la intervención de las asociaciones sindicales y
empresariales en la estructura actual del SPEE y de los Servicios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas, cuya normativa específica arroja un patrón común: las
asociaciones sindicales y empresariales están presentes tanto en los Consejos de
Administración como en los órganos consultivos. En concreto, en Castilla y León, el Decreto
110/2003, en su art. 25 prevé la participación en la composición del Consejo General de
Empleo de cuatro representantes a propuesta de las organizaciones sindicales más
representativas de la Comunidad, y otros cuatro a propuesta de las organizaciones
empresariales más representativas. Asimismo, dentro de las Comisiones Ejecutivas
Provinciales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, el art. 33 del citado Decreto,
prevé la participación de cuatro representantes de las organizaciones sindicales más
representativas y otros cuatro de las organizaciones empresariales
No cabe duda, por tanto, que la participación institucional de las partes sociales se hace
efectiva en la propia LE a través de los órganos anteriormente indicados, pero conviene dar
un paso más para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 21.5 Ley 20/2007, de 11 de julio,
del Estatuto del Trabajador Autónomo (LETA), que otorga a las asociaciones representativas
de los trabajadores por cuenta propia capacidad jurídica para ostentar representación
institucional ante las Administraciones Públicas u otras entidades u organismos de carácter
estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan prevista. Por consiguiente, y máxime a la
483
ROMERO PARDO, P. y SALAS PORRAS, M.: “Art. 12. Organización”, cit., pág. 325.
484
SERRANO FALCÓN, C.: “Art. 18. Colocación”, El Derecho del Empleo. El Estatuto Jurídico del Empleo. Estudio
sistemático de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, MONEREO PÉREZ, J.L.; MORENO VIDA, M.N. y
FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., (dirs.), Comares, Granada, 2011, p. 440.
485
MONTOYA MELGAR, A.: Idelología y lenguaje en las leyes laborales en España (1873-1978), Civitas, Madrid, 1975,
pp. 13 y ss.
486
SERRANO FALCÓN, C.: “Art. 8. Organización”, cit., p. 441.
LA GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS JÓVENES.
AGENTES INTERVINIENTES
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