La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

plazos establecidos para la realización y valoración del proceso selectivo, así como del sigilo
profesional”.
Tal directriz parece que va dirigida también, aunque no se les mencione, a los integrantes
activos de las organizaciones sindicales u órganos unitarios de representación de los empleados
públicos, a quienes se les impide intervenir en calidad de representantes en los tribunales de
selección. No obstante, el precepto contempla la prohibición con tal amplitud, que resulta
aplicable a cualquier otro grupo representativo de intereses colectivos, por lo que parece que se
trata de evitar cualquier tipo de clientelismo corporativo 510 .
Ni es posible delegar en organización alguna la designación de miembros de los órganos de
selección, ni tampoco designarlos a propuesta de ninguna organización, ni admitir siquiera la
presencia de representantes o personas designadas por ellas a título de observadores o
controladores, pues ello podría mermar la independencia de los verdaderos miembros del
órgano selectivo. Queda vedada, pues, la posibilidad de que organizaciones representativas de
intereses de cualquier tipo o nombre designen o tengan la facultad de proponer miembros de
los órganos de selección, pues si se les otorga ese poder se genera en realidad un vínculo de
representación, aun no formalizado. Naturalmente, el precepto no es óbice para que puedan
formar parte del órgano de selección personas que tengan la condición de afiliados sindicales, o
miembros de otras asociaciones de empleados públicos, a título puramente individual, como se
dice expresamente. Lo que no es lícito es que ello tenga lugar por designación o a propuesta de
los sindicatos o asociaciones, pues en tal caso serían, sustantivamente, miembros del órgano de
representación o actuarían por cuenta de unos u otros. En consecuencia, cabe considerar
derogadas por el EBEP todas las normas que prevén la designación de miembros de los órganos
de selección por o a propuesta de los sindicatos y asociaciones de empleados públicos. Como
contrapartida, el EBEP reconoce expresamente a las organizaciones sindicales más
representativas en el ámbito de la función pública legitimación activa para interponer recursos
en vía administrativa y judicial contra las resoluciones de los órganos de selección (art. 31.6).
De esta manera, dichas organizaciones pueden colaborar, sin riesgo de favoritismo, en el
control de la regularidad legal de tales decisiones 511 .
No obstante, en manifiesta incongruencia con tan buenas intenciones, los riesgos de vulneración
cobran un lugar destacado en los nombramientos de integrantes de las comisiones calificadoras
en el caso de los sistemas selectivos de personal laboral fijo, donde el art. 61.7 EBEP prevé que
las “Administraciones públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de
los convenios colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de
estos procesos” 512 . Queda claro, de un lado, que se trata de una posibilidad susceptible de
negociación en los convenios colectivos y no de una norma de aplicación directa y, de otro, que
se refiere a supuestos de selección de personal laboral y no funcionario, pero no está tan
meridiano, en cambio, qué tipo de participación pueden tener los sindicatos, pues, por un lado,
el reclutamiento de personal es una potestad pública que corresponde ejercer a la propia
Administración y que no puede ser delegada lícitamente en organizaciones representativas de
intereses. Además –y como ya consta--, los miembros de los órganos de selección no pueden
ostentar esa condición en representación o por cuenta de nadie, según el art. 60 EBEP, que es
norma de aplicación común a la selección de funcionarios y de personal laboral, razón por la
cual los sindicatos tampoco pueden designar representantes en dichos órganos. En fin, el art.
37.2 e) EBEP excluye de la obligatoriedad de negociación colectiva la regulación y determinación
concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al
empleo público y la promoción profesional. Atendiendo a tales argumentos, procede interpretar
que se tratará de una mera colaboración en tareas auxiliares, nunca decisoria, sin que ponga en
cuestión el derecho fundamental de igualdad en el acceso a las funciones públicas. Cualquier
cláusula de un convenio colectivo que infrinja este derecho o permita infringirlo debe
considerarse nula 513 .
De todas formas, esta posibilidad no se recoge, sin embargo, en la Orden ADM 853/2009, cuya
regulación es común para el acceso a puestos funcionarios y trabajadores.
Por lo demás, el art. 60.2 EBEP y el apartado noveno Orden ADM 853/2009 impiden la
presencia en los órganos de selección de personal eventual (de confianza política) y de
510
GOÑI SEIN, J.L.: “Ámbito subjetivo de aplicación del Estatuto. Concepto y clases de empleado público. La
adquisición y pérdida de la relación de servicio”, en AA.VV.: El Estatuto Básico del Empleado Público. XIX Congreso
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 2009, pág. 367.
511
SANCHEZ MORON, M.: Derecho de la Función Pública, cit., pág. 125.
512
PARADA VAZQUEZ, R.: Derecho del Empleo Público. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, Madrid, 2007, pág. 142.
513
SANCHEZ MORON, M.: “Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicios”, cit., pág. 114.
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 460