La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Comité pide a la Comisión que anime a los Estados a estudiar la posibilidad de establecer
medidas compensatorias a las empresas sobre la base de su utilidad social o de su
contribución al desarrollo regional.
A la luz de lo expuesto, el Derecho Comparado ilustra, por lo tanto, la tendencia de los
países al establecimiento de un marco jurídico de apoyo y reconocimiento de la economía
social como actividad económica diferenciada que requiere de acciones sustantivas de apoyo
y fomento público.
En España, el sustrato jurídico en el que se fundamentan las entidades de la economía social
está situado en el más alto rango, no en vano diversos artículos de la Constitución hacen
referencia, de forma genérica o específica, a alguna de éstas, como sucede en el artículo 1.1
(“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político”), en el artículo 129.2 (“los poderes públicos promoverán eficazmente las
diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación
adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el
acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”) o la propia cláusula
de igualdad social del artículo 9.2 (“corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social”). Todos ellos plasman el fuerte arraigo de las citadas entidades en el texto
constitucional.
El concepto de economía social 395 está imbricado desde su nacimiento con la lucha por la
inclusión laboral. Por ello, el Programa Nacional de Reformas 2011 (PNR) tiene como uno de
sus objetivos reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 el número de personas en riesgo de
pobreza y exclusión social hasta 2019. Para lograr esta reducción, el PNR recoge una serie
de medidas concretas que se articulan en 4 bloques y que formarán parte del próximo Plan
Nacional de Acción para la Inclusión Social 2011-2013:
Incrementar la renta de los hogares con miembros en edad de trabajar.
Promover la inclusión activa.
Reducir el riesgo de pobreza de determinados grupos de población.
Garantizar el acceso a la vivienda o a un alojamiento digno.
Para ello, propone acciones como:
-- Reducir el abandono escolar, mejorar el nivel educativo y adecuar las
competencias de las personas menos cualificadas a las demandas del mercado laboral.
-- Incrementar el Salario Mínimo Interprofesional tomando en consideración la
situación del mercado de trabajo y el empleo indefinido y de calidad.
-- Regularizar el trabajo no declarado, reforzando el trabajo de inspección.
-- Reformar las políticas activas de empleo proporcionando formación e itinerarios
personalizados de inserción sociolaboral con la participación complementaria de las entidades
del Tercer Sector de Acción Social.
-- Incrementar la tasa de empleo femenino en igualdad de condiciones. Para lograrlo,
se garantizará la provisión de servicios adecuados de atención a personas dependientes y a
menores de tres años, incrementando el número de plazas de educación de 0-3 años,
desplegando los servicios de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en
395 BURGOS ROSADO, L.: “El autoempleo como fórmula de emancipación de los jóvenes. Especial referencia a las
empresas de economía social”, en AA.VV. (MORGADO PANADERO, P., Coord.): Jóvenes y políticas públicas, Madrid (La
Ley), 2007, pág. 287.
609 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN