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humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el
artículo 29.b de la Convención –que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos—” y
consideró que el derecho de propiedad contenido en el artículo 21 de la Convención Americana
incluye los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad
comunal. 224 Es decir, reconoce claramente un derecho colectivo a una comunidad indígena.
En un caso más reciente –Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala—la Corte opinó que
los “hechos [...] que afectaron gravemente a los miembros del pueblo maya achí en su identidad
y valores y que se desarrollaron dentro de un patrón de masacres, causan un impacto agravado
que compromete la responsabilidad internacional del Estado que esta Corte tomará en cuenta al
momento de resolver sobre reparaciones.” 225
2.3.3. Comentarios concluyentes
Parece ser que hay una tendencia hacia el cambio de las políticas internacionales del
integracionismo al pluralismo; sin embargo, también hay posturas que se resisten a este cambio.
Cada uno de los pequeños logros son producto de una gran lucha de muchas personas y
organizaciones que han tenido que ir muy poco a poco ganando espacios y derechos para las
minorías culturales. Muchos de los derechos que reclaman estas minorías están aún presentes
en los debates.
Como bien dice Spiliopoulou, el Derecho Internacional en relación con las minorías y
los pueblos indígenas no es ni política ni moralmente neutral, pues son los Estados los que
acuerdan determinadas normas o principios y en ellos pesan consideraciones de diversos tipos
que tienen que ver con sus intereses como Estados. Las normas de Derecho Internacional son,
en muchos de los casos notoriamente vagas y permiten una gran escala de grados de
implementación; así, le toca a los órganos internacionales, tanto políticos como judiciales y a
los demás Estados el alcanzar la compatibilidad de la actuación del Estado parte con estas
normas. 226
224 Párrafo 148. Hay que señalar que este tipo de propiedad también está reconocida en la Constitución
Política de Nicaragua.
225 Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, Sentencia de 29 de abril de 2004, Párrafo
51
226 SPILIOPOULOU ÅKERMARK, Athanasia, Justifications of Minority Protection in International
Law, op. cit., pp. 16-17