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tres niveles de gobierno de crear instituciones específicas para este efecto. Usando palabras
como impulsar, garantizar, asegurar, propiciar y apoyar, se habla del desarrollo regional, la
escolaridad, los servicios de salud, financiamiento para vivienda, y otros.
Para Carbonell, “tampoco es muy claro que se trate de derechos en sentido estricto,
pues por su redacción más bien parece tratarse de tareas públicas que obligan a los órganos de
los tres niveles de gobierno a desarrollar determinadas políticas para mejorar la situación social
y económica de los indígenas.” Aunque no le niega la pertinencia a las obligaciones que se
establecen, si cuestiona “si todos esos nobles y justificados propósitos deben o no de formar
parte del texto constitucional.” Este constitucionalista opina que algunas de las fracciones de
este apartado B “parecen extraídas de un Plan Nacional de Desarrollo, de un plan de políticas
públicas o incluso de un informe de gobierno”. Cuestiona seriamente si esto no banaliza la
normativa constitucional y no se convierte en algo más retórico que jurídico y opina que parte
de los contenidos son más propios de una legislación secundaria. Pero además, si se deseaba
incorporar en la constitución con claridad esta serie de derechos a los indígenas debido a su
rezago en materia de derechos económicos y sociales, se debió haber hecho “mediante un
lenguaje que diera lugar a la creación de posiciones subjetivas claras, bien estructuradas, de
forma que fueran plenamente exigibles en caso de incumplimiento.” 22
Agrega Carbonell que “[s]i los pueblos indígenas querían tener un explícito
reconocimiento constitucional, tal vez bastaría entonces con –algunas de— las disposiciones del
apartado A del artículo 2º constitucional.” Por otro lado, si además de esto se deseaba combatir
la discriminación económica, hubieran mejor diseñado un plan de políticas públicas o
modificado la normativa de desarrollo en diversas áreas aplicables como vivienda, salud,
educación, etc., pero no tenía por qué haberse incluido una lista tan exhaustiva en la disposición
constitucional porque además parece como si este texto fuera por sí mismo a cambiar la
situación de la vida de los indígenas, cosa que no es posible. 23 También para Magdalena Gómez
este apartado que ratifica “la política indigenista con base en un listado de programas sociales”,
implica deficiencias en la técnica jurídica pues, como ya se había dicho antes y como menciona
Gómez, “la Constitución tiene dos grandes objetivos: determinar los derechos y organizar al
Estado. Las obligaciones que le resulten en términos de políticas y programas van en las
leyes.” 24
22 CARBONELL, Miguel, Problemas constitucionales del multiculturalismo, México, Fundap, Colegio
de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Querétaro, 2002, Colección Derecho, Administración y Política, pp. 99-105
23 CARBONELL, Miguel, Problemas constitucionales del multiculturalismo, op. cit., pp. 106-107
24 GÓMEZ, Magdalena, “La Reforma mutilada”, en La Jornada, jueves 26 de abril de 2001