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derecho a ambos con la misma titularidad llevaría a situaciones difíciles, por ejemplo, en el caso
de que alguna comunidad no quisiera formar parte de un pueblo, el pueblo podría desmembrarse
o podría suceder que diferentes comunidades de un pueblo quedaran divididas. En este caso no
compartimos la postura de López Bárcenas puesto que en principio no puede negarse, así como
no se le puede negar a un pueblo dentro de un Estado, el derecho a una comunidad constituida el
decidir por sí misma su propio destino: pensamos que esto es parte del principio de libre
determinación de los pueblos. A pesar de ello, estamos de acuerdo en la propuesta que más
adelante hace, en el sentido de que sería mejor dotar al pueblo de la titularidad del derecho y a la
comunidad como sujeto de derecho público pero como parte integrante del pueblo, sin
menoscabo de la posibilidad de que una comunidad, si así lo deseara pudiera integrarse en un
pueblo con otras comunidades diferentes.
Este es un tema que pudiera parecer irrelevante, pero no lo es. Como se verá en el
próximo capítulo, la comunidad forma una unidad importante de convivencia social y política y
muchas de las veces es mucho más claramente identificable que el mismo pueblo, que en no
pocas ocasiones existe más en la voluntad de reconstrucción, que en la propia experiencia.
A partir de estos párrafos Carbonell se cuestiona si se tomó en cuenta a los indígenas
que en la actualidad no viven en un pueblo o en una comunidad, como es el caso de los
indígenas migrantes en otras zonas o en las grandes ciudades, ¿cuál será el criterio de
aplicabilidad del artículo 2º para estas personas 60 Este también nos parece un tema no menos
importante, sin embargo, encontramos pocas respuestas para ello.
Cossío agrega que
“[u]na vez dicho qué debe entenderse por pueblos y a quiénes considerar sus
miembros, queda por resolver el complejo problema de identificarlos de manera
concreta a efecto de asignarles derechos y obligaciones. A diferencia de las iniciativas
anteriores, en la reforma se optó por conferirle la facultad de reconocimiento a los
órganos locales. Estos, a través de las correspondientes constituciones y leyes,
deberán hacerlo a partir del criterio tomado parcialmente del convenio 169, así como
de ‘criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.’” 61
Entonces tenemos que aunque de la redacción de la Constitución Federal se entiende a
los pueblos indígenas como sujetos de derecho, para el derecho positivo mexicano a nivel
federal no lo son pues habrá que esperar a que las legislaturas estatales elaboren las reformas
correspondientes.
60 CARBONELL, Miguel, Problemas constitucionales del multiculturalismo, op. cit., pp. 95-96
61 COSSIO, José ramón, La reforma constitucional en materia indígena, cit., s/n de p.