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cooperación entre pueblos indígenas a través de las fronteras y esto debe entenderse también en
cuanto a las fronteras internas. 80
Los derechos lingüísticos y culturales a los que se refiere la fracción IV del artículo 2º
pueden ejercerse de dos formas. En el apartado anterior de este trabajo hablábamos ya del
derecho a la preservación de sus lenguas a partir de la Ley General de Derechos Lingüísticos y
consideramos que se trata de derechos diferenciados o medidas especiales que tienen los
indígenas por su pertenencia a una cultura diferente. Sin embargo, estos derechos también
tienen una vertiente autonómica que consiste en el derecho a gestionar por sí mismos la
conservación, enriquecimiento, promoción y difusión de su lengua y su cultura. La fracción IV
se encuentra dentro de una lista de derechos autonómicos, y en ese sentido lo entendemos aquí,
como un derecho colectivo que se ejerce de forma autónoma. En este caso, serán las propias
comunidades y pueblos indígenas los que resuelvan qué elementos lingüísticos y culturales
desean fomentar y de qué forma lo harán, y la obligación del gobierno consistirá, en primer
lugar en no impedir que esto suceda, pero también, en apoyar económicamente y de otras
formas los propios procesos autonómicos sobre lengua y cultura indígenas.
Las fracciones V y VI están relacionadas con el hábitat, las tierras y los recursos
naturales de los indígenas. Como hemos comentado ya, este es uno de los ámbitos de mayor
relevancia para los indígenas, dada su estrecha relación con la tierra y el espacio en que se
desarrollan como cultura. La fracción V reconoce el derecho a conservar y mejorar el hábitat y
preservar la integridad de sus tierras. No consideramos que se esté otorgando ningún derecho
nuevo, pero además, limita a que se haga en los términos establecidos en la Constitución. Por
su parte, el artículo 27 constitucional, que es el que trata el tema de la tierra ha venido
reformándose restringiendo derechos para los pueblos y comunidades indígenas. Como
recordaremos, en 1992 se reformó el artículo 27 constitucional permitiendo que las propiedades
comunales o ejidales, como tipos de propiedad colectiva utilizados por los indígenas, se abrieran
a la inversión privada y la circulación mercantil poniendo así al descubierto uno de los
patrimonios más importantes de los pueblos indígenas como sustento de su cultura y de su
propia existencia. Incluso, cuando se establecieron las mesas para los diálogos en San Andrés,
el artículo 27 constitucional fue uno de los primeros temas que los indígenas propusieron para
negociar y el gobierno se negó tajantemente a hacerlo –por eso no aparece siquiera en las
propuestas de reforma. El texto del actual artículo 27, –que únicamente dice que “la ley
protegerá la integridad de los grupos indígenas” nunca definió la forma de proteger esta
integridad pues remitía una ley reglamentaria del artículo 4º que nunca se legisló. En cambio,
80 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Legislación y derechos indígenas en México, op. cit., p. 64