Ir al documento completo - IIDH

220
Este gobierno consideraba que los bienes corporativos de la Iglesia y colectivos de las
comunidades se encontraban en “manos muertas” y que eso obstaculizaba la activación de la
economía; por eso se decidió incautarlos. Esta ley ocasionó el empobrecimiento de los
indígenas, pero además propició el crecimiento de las haciendas pues mucha de la tierra que
salió a la venta acabó en manos de los grandes propietarios. 176 También ocasionó que se
acabara, en muchos de los casos, con las formas de propiedad comunal que eran “base y
sustento de las propiedades ancestrales indígenas”. En consecuencia, además de imposibilitar a
los pueblos indígenas a seguir sustentando una propiedad comunal, “condujo a la pérdida de una
fracción muy importante de [sus] territorios, que fueron a parar a manos de extranjeros y de
latifundistas mexicanos.” 177
Por otro lado, como expresa Bartolomé Clavero, “que el derecho sea hecho, que el
derecho indigna sea hecho constitucional, implica que su misma existencia, que su propio
mantenimiento, es materia plenamente de policy, de política y no de otra cosa”; de ahí que “la
discreción de unos poderes puede ser arbitrariedad sin más.” Se excluyó no solamente el acceso
de los indígenas al Estado constitucional, sino que también se excluyó el reconocimiento de la
existencia del Derecho indígena. 178
Debido a que en esta época había muchos levantamientos de indígenas y campesinos
ocasionados por las prácticas de despojo de sus tierras, los dueños de las haciendas y
terratenientes fueron creando sus propios guardias con el aval del gobierno federal que era
incapaz por sí solo de contener las revueltas. A partir de 1850 se iniciaron esfuerzos por lograr
fuerzas policíacas en zonas rurales y en 1857 el gobierno liberal ordenó la creación de la policía
rural. Posteriormente, en 1867, el presidente Benito Juárez formó una nueva fuerza rural que
estuvo bajo el mando del gobierno federal y que tenía como función “sofocar el bandolerismo y
[...] restringir el poder de los caciques regionales” que para la época de Porfirio Díaz “se
convirtieron en un fuerza auxiliar del gobierno y de los propietarios, dedicada en buena parte a
perseguir a los líderes campesinos.” 179
Esta época de instauración de “la modernidad” tampoco estuvo exenta de
levantamientos indígenas, que reclamaban no sólo por el despojo de sus tierras, sino por otras
176 FLORESCANO, Enrique, Etnia, Estado y Nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México,
op. cit., pp. 324-325; STAVENHAGEN, Rodolfo, (coord.), Derecho indígena y Derechos Humanos en
América Latina, op. cit., p. 302
177 MOLINA, Hilario, “Autonomías históricas: autonomía yaqui”, en BURGUETE CAL Y MAYOR,
Araceli (coord.), México: Experiencias de autonomía indígena, México, IWGIA, 1999, p. 107
178 CLAVERO, Bartolomé, Derecho indígena y cultura constitucional en América, op. cit., p. 44
179 FLORESCANO, Enrique, Etnia, Estado y Nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México,
op. cit., pp. 323-324