Ir al documento completo - IIDH

405
sus derechos. A pesar de que se prevé la posibilidad de entregar certificados de derechos de uso
común, se ha dado preferencia a la certificación individual, incluso en zonas de tradición
comunitaria. Además, aunque esta certificación se anuncia como voluntaria, “en los hechos se
impone como requisito para obtener otros muchos programas del gobierno”. 274
El PROCEDE es un programa que existía desde los presidentes Salinas y Zedillo.
Inicialmente se aplicaría de forma voluntaria y debía ser aceptado por consenso de las
asambleas ejidales. No obstante, al ver que en pocos casos se lograba el consenso, los
funcionarios de la Procuraduría Agraria comenzaron a hacer a un lado el requisito del consenso
y les bastó la aceptación por mayoría para aplicar el PRCEDE. Esto ocasionó la división de un
sinnúmero de comunidades. Recientemente han comenzado a proponerlo sin pasar ya por las
asambleas y a aplicarlo a “los que quieran en cada ejido o comunidad, legitimando, en algunos
casos, posesiones no reconocidas por las comunidades.” 275
Otro programa que se está queriendo imponer a las comunidades indígenas tiene el
nombre de PROCECOM. Este Programa no implicaría “el parcelamiento sino solamente la
medición del entorno del territorio comunal. Pero, como la finalidad última de estos programas
es la entrega de títulos de parcela que faciliten la conversión de la tierra en mercancía vendible y
comprable, los operadores del Procede tratan de convencerlos también de que no pertenecen al
régimen comunal, sino al ejidal, obviamente más expuesto a la legitimación de los
274 VERA, Ramón, “Las escrituraciones del diablo”, Ojarasca, México, núm. 86, junio de 2004. Este
autor comenta los efectos perniciosos que estos programas han tenido, por ejemplo, en el ejido El
Naranjal, en la Sierra Norte de Veracruz: El Naranjal era “un núcleo organizado para la faena y para
enfrentar los conflictos frecuentes con los caciques de La Jabonera, con quienes han mantenido una lucha
constante por la grava que les roban con cada crecida del río Binazco que sirve de límite muy móvil entre
las tierras de los caciques y el ejido.” Hoy, este ejido se ha individualizado en parcelas con los
certificados del Procede y “la gente del ejido tiene que enfrentarse en lo individual contra los poderosos
señores de horca y cuchillo de la región, algunos de los cuales deben varias vidas, sin la fuerza, el dinero
ni el tiempo para litigar en los tribunales (en lugares alejados como Tuxpan o Pachuca). Además, lo que
antes fueran potreros colectivos eficientes del ejido –garantizando la rotación del ganado en una extensión
apta para recuperar los pastos— hoy, con parcelación cercada, el ganado se acaba el pasto y la rotación en
predios de 3 hectáreas no lo recupera.” Para Ramón Vera en El Naranjal se “diluyó la colectividad que le
permitía resistir ante sus vecinos, se fragmenta en estrategias individuales cansadas, y no es ya eficiente
en el manejo de sus propios recursos.”
275 Zepeda comenta, como ejemplo, que “Los comuneros otomíes acaban de solicitar a la Procuraduría
Agraria (PA), a través de su Contraloría, la destitución del residente de esa institución en Huayacocotla,
Veracruz, Raymundo Ortiz García y del visitador Eduardo Valdemar Vázquez Besichi.” Esto ha
sucedido como “consecuencia de la falta de solución a las demandas reales de los indígenas de la zona y a
la insistencia desmedida de estos funcionarios por implantar programas que los comuneros no han
solicitado.” Zepeda añade que “[l]a denuncia de los ñuhú no se refiere a lo que dice –y debería ser— el
programa Procede, supuestamente voluntario y consensado, sino al procedimiento arbitrario e
irresponsable con que lo aplican los funcionarios encargados.” (ZEPEDA, Alfredo, “Procede a como de
lugar”, Ojarasca, México, núm. 88, agosto de 2004)