Ir al documento completo - IIDH

338
El artículo 14 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece el
deber de los órganos públicos y las autoridades federales de realizar “medidas positivas y
compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para la población indígena”, tales como
programas educativos bilingües y que promuevan el intercambio cultural; 29 becas para fomentar
la alfabetización, la conclusión de la educación en todos los niveles y la capacitación para el
empleo; 30 penas alternativas distintas a la privativa de la libertad; 31 que los juicios y
procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se tomen en cuenta sus
costumbres y especificidades culturales. 32 También se dispone la creación de programas
permanentes de capacitación y actualización para los funcionarios públicos sobre la diversidad
cultural 33 y campañas permanentes de información en los medios de comunicación que
promuevan el respeto a las culturas indígenas. 34
En la fracción VIII del Apartado A del artículo 2º constitucional se establece un derecho
o medida especial en función de la diferencia. Esta fracción trata del acceso a la jurisdicción del
Estado y establece que “[p]ara garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en
que sean parte, individual o colectivamente, se tomarán en cuenta sus costumbres y
especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen
en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento
de su lengua y cultura.” El problema de la disposición constitucional es que no se sabe cuáles
son y de qué forma se tomarán en cuenta las costumbres y especificidades culturales. López
Bárcenas opina que por costumbre debería entenderse sistema normativo y se debiera equiparar
éste a la legislación del Estado, y considera que las especificidades culturales se deben
considerar, en materia penal, como elementos para el error de prohibición en los casos en los
que el derecho estatal considera ilícita una conducta que los sistemas jurídicos indígenas
consideran lícita y viceversa. Para estos casos se debe recurrir al peritaje cultural. 35 El derecho
a ser asistidos por intérpretes, que ya existía en la legislación secundaria, ahora se eleva a rango
constitucional y se incluye la necesidad de que además de que el intérprete o defensor conozca
29 Fracción I
30 Fracción II
31 Fracción V
32 Fracción VI
33 Fracción III
34 Fracción IV
35 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Legislación y derechos indígenas en México, México, Centro de
Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, Ediciones Casa Vieja, La Guillotina, Red-ez, Ce-Acatl,
2002, Serie Derechos Indígenas 3, p. 69