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A pesar de que según su Ley de creación, la CDI se guía por principios como el carácter
multiétnico y pluricultural de la Nación, en esa misma Ley no se habla de derechos, sólo se
habla de desarrollo como punto al que se quiere llegar a través de acciones organizadas por el
gobierno.
También es relevante que la conformación interna y la estructura, los espacios de
decisión y de participación de la CDI poco favorecen el respeto por los derechos colectivos
indígenas, la toma de decisiones por ellos mismos, su participación, su reconstitución y la
posibilidad de que sus planteamientos sean efectivamente tomados en cuenta, además de que
presentan problemas de legítima representatividad indígena.
Las políticas públicas implementadas por las administraciones de la última década han
tenido elementos en común y elementos diversos pues en los períodos presidenciales de Salinas
y de Zedillo existían políticas indigenistas que, independientemente de lo efectivas, inefectivas,
perjudiciales o beneficiosas, eran mucho más amplias que en la actual administración. Por
ejemplo, el IMSS-COPLAMAR del período del presidente Salinas abarcaba mucho más que lo
que pueden hacer los actuales seis programas de CDI. La perspectiva es parecida pero el
desarrollo de programas ha disminuido. Los seis programas de la CDI consisten en acciones o
programas sociales y de infraestructura que pueden deseables, pero que nada tienen que ver con
los derechos de los pueblos indígenas de los que aquí hemos hablado. Por otro lado, aún
encontramos problemas en la forma en que se asignan los recursos a indígenas para proyectos,
el criterio que se sigue para decidir a quién se otorgan, y el nivel de vinculación de quien lo
recibe con la comunidad indígena a la que pertenece. Consideramos que más que dinero, lo que
hace falta es libertad para la propia gestión autonómica.
El otorgamiento de “apoyos” en bienes materiales a indígenas no es algo novedoso. El
único elemento novedoso que puede encontrarse en los textos que norman las políticas sobre
indígenas es el que se refiere a incorporar una visión intercultural; sin embargo, no hemos visto
que esta visión efectivamente se haya dado. En cambio, ha prevalecido el otorgamiento de
recursos materiales y las gestiones de programas sociales.
XXX. De todos los ámbitos de políticas públicas analizadas sólo en el caso de los
derechos lingüísticos se habla propiamente de derechos: en el resto se trata de las mismas
políticas asistencialistas o de ofrecimiento de servicios públicos que el Estado decide de manera
discrecional. Las políticas públicas en torno a la educación respecto de los indígenas son una
continuación de lo que se venía haciendo años atrás, tales como la elaboración y reparto de