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Uno de los representantes de Tlanepantla señaló en la decimotercera reunión del
Congreso Nacional Indígena (CNI) región Centro-Pacífico, 260 que “tradicionalmente el pueblo
elegía en asamblea al presidente municipal y después el Partido Revolucionario Institucional
[PRI] lo registraba como su candidato”. Esta vez eligieron a su presidente municipal mediante
asamblea, como siempre, pero por otro lado, participaron siete partidos en las elecciones
municipales y las ganó el priísta Elías Osorio, quien, según el representante de Tlanepantla
“tiene la legalidad, pero no la legitimidad”. Por eso un grupo importante de integrantes de la
comunidad indígena tomó el palacio municipal. Los participantes del levantamiento fueron
duramente reprimidos y el saldo de ese problema ha dejado un muerto, 33 órdenes de
aprehensión contra integrantes del Consejo de Pueblos y Colonias, 20 personas sujetas a
proceso, además de la destrucción del tejido social comunitario, porque en el transcurso de las
negociaciones con el gobierno denuncian que éste está en “la compra de conciencias” y la
“negociación en lo oscurito”. 261 Es posible que en el caso de Tlanepantla, la toma del Palacio
Municipal no haya sido la vía adecuada para buscar que la autoridad elegida por ellos mediante
asamblea –como mecanismo tradicional de elección— fuera quien gobernara su municipio. Sin
embargo, si no les ha sido posible encontrar una vía legal ni política, tampoco es de extrañar que
se den este tipo de acciones.
Esta falta de reconocimiento de mecanismos tradicionales ha orillado a los pueblos y
comunidades indígenas a continuar, como dice Magdalena Gómez, por la vía de hecho.
Preocupa, por un lado el discurso equívoco de la clase gubernamental, y por otro, la represión a
la que se acude cada vez que se considera que el pueblo o comunidad se organiza de una manera
distinta a la esperada.
Por su parte, a pesar de que la fracción II del artículo 2 de la Ley General de la CDI
establece que es función de la misma el coadyuvar el ejercicio de la libre determinación y
autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, el proyecto que aparentemente está
relacionado con esta función, es decir, el proyecto de Fomento y Desarrollo de las Culturas
Indígenas, —del que ya hablamos más arriba—, se enfoca a financiar proyectos. Consideramos
que de cualquier manera, es mejor que la CDI no intervenga en los procesos políticos propios de
los pueblos, pues la libre determinación y la autonomía implican organizarse libremente y de
forma autónoma, sin intervenciones externas. En todo caso, sería más importante que fuera una
instancia ante la cual acudir cuando el Estado obstaculiza o entorpece el ejercicio de la
autonomía –cosa que sucede con frecuencia.
260 ROJAS, Rosa, “Denuncian grupos indígenas que se ha criminalizado su lucha social”, cit.
261 ROJAS, Rosa, “Denuncian grupos indígenas que se ha criminalizado su lucha social”, cit