Ir al documento completo - IIDH

325
CAPÍTULO 6. NORMATIVA Y POLÍTICAS INDIGENISTAS
En el presente capítulo nos proponemos tratar la normativa vigente en el Estado
mexicano y las políticas públicas del Estado frente a los indígenas. A pesar de que existe
normativa y políticas específicas en cada estado de la república mexicana, nos enfocaremos a la
normativa y las políticas públicas a nivel federal debido a que, por un lado, éstas son
notoriamente predominantes; y por otro, analizar las políticas locales sería una labor exhaustiva
que sobrepasa los objetivos de este trabajo que tiene como objeto de estudio primordial el
Estado mexicano en su conjunto. No obstante, se recurren a algunos ejemplos locales cuando se
han considerado pertinentes.
En México, durante los últimos años ha habido un trajo legislativo importante
relacionado con los derechos de los pueblos indígenas: se reformó la Constitución Política y se
crearon y modificaron varias leyes federales. También se han dado reformas a nivel de las
entidades federativas de la república mexicana. Ahora nos enfocaremos sobre todo a analizar la
reforma constitucional en materia indígena y algunas leyes federales, desde los principios o
derechos que venimos analizando; es decir, desde el derecho a la diferencia como una
concreción del derecho a la igualdad y desde el derecho a la libre determinación. Dentro de este
último derecho como eje temático, hemos destacado de manera importante el derecho a la
representación pues, como se ha desprendido de la reflexión realizada en torno a estos derechos
en capítulos anteriores y, como también se verá en el capítulo siguiente, el tema de la
representación cobra relevancia para el efectivo ejercicio del derecho a la libre determinación.
Hemos querido incluir en este capítulo también un análisis de las políticas públicas del
Estado mexicano frente a los indígenas pues, siguiendo la perspectiva que venimos utilizando
desde el principio de este trabajo y que se muestra más clara en los capítulos 2.2. y 4, las
acciones u omisiones realizadas por el Estado y sus instituciones, así como sus programas de
trabajo, nos dan una visión mucho más completa y cercana a una realidad, que si sólo nos
quedáramos con el análisis de una legislación que muchas veces no se aplica y que muchas otras
se interpreta de una manera distinta a la que pudiera pensarse si partimos únicamente del texto
legal. En otros muchos casos vemos también que a partir de unos textos legales tan complejos y
prolíficos, se da preeminencia a ciertas disposiciones de los mismos y se relegan otras
disposiciones, desvirtuando con esto la forma en que se suponía se garantizaría a los indígenas
ciertos derechos.