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preferencial para adquirir tierras indispensables para su desarrollo. No obstante, comenta, “nada
de eso se hizo porque no hubo voluntad para atender a fondo las demandas indígenas.” 245
En cuanto al ejercicio del poder local, se declaró al municipio la “base de la
organización política del país, prohibiendo cualquier forma de organización local diversa a éste”
y en ese sentido se prohibió la organización de los pueblos indígenas como comunidades
políticas. López Bárcenas comenta que con esta medida “se buscaba terminar con las nefastas
jefaturas del porfiriato que restringieron los derechos políticos de los mexicanos, pero lo
correcto hubiera sido distinguir entre éstas y los gobiernos propios de los pueblos indígenas para
no dejarlos en la ilegalidad, condenados a desaparecer.” 246 Por otro lado, el municipio “se
constituyó tomando en cuenta las relaciones que los grupos de poder locales establecieron con el
poder regional, de la entidad federativa y aún el nacional, de la Federación, pero nunca
atendiendo a las condiciones de los pueblos indígenas.” Finalmente, al constituirse los
municipios se privó a los pueblos de poderes que antes habían estado ejerciendo. 247
Finalmente, los gobiernos posteriores a la revolución se dedicaron a poner en práctica
esta idea de Estado-nación homogéneo apoyado en una política asimilacionista y asistencialista
que se impulsó desde las instituciones gubernamentales. 248
Con base en las ideas antes descritas se impulsó una política de Estado encaminada a la
asimilación de las culturas indígenas a la cultura dominante. Se crearon diversas instituciones
que se dedicarían a “atender” a los pueblos indígenas con una serie de políticas asistencialistas y
proteccionistas dignas de aplicarse a menores de edad. Esta serie de políticas, como
comentamos antes respecto de los temas agrarios, se diseñó sin consultar ni tomar en cuenta a
los pueblos; tampoco se hizo para la implementación local de las políticas. Aunque las políticas
del indigenismo no partieron del texto constitucional, han tenido una instrumentación y una
organización de gran relevancia a nivel político-administrativo. 249
Así, se fueron creando diversas instituciones para la implementación del indigenismo:
en 1921 se creó el Departamento de Educación y Cultura; en 1923 se establecieron las Casas del
Pueblo para “mejorar la situación de las poblaciones indígenas”. En 1932 –durante la
245 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Legislación y derechos indígenas en México, México, Centro de
Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, Ediciones Casa Vieja/La Guillotina, Red-ez, Ce-Acatl, 2002,
Serie Derechos Indígenas 3, pp. 30-31
246 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Legislación y derechos indígenas en México, op. cit., p. 31
247 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Autonomía y derechos indígenas en México, op. cit., p. 32
248 REGINO, Adelfo, “Los pueblos indígenas. Diversidad negada”, op. cit., s/n de p.
249 Confrontar las consideraciones en sentido similar de LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Legislación y
derechos indígenas en México, op. cit., p. 32