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soberanía, los fueros especiales, el territorio nacional y los niveles de gobierno. Parece ser que
toda una tendencia en la forma de concebir al Estado-nación, en la forma de concebir la
diferencia indígena proveniente de su diversidad cultural, y en la forma de entender las políticas
públicas, primó en la visión del presidente.
El párrafo quinto del artículo 2º constitucional se refiere ya al derecho a la libre
determinación:
“El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un
marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los
pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos
en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento
físico.”
Aquí se tiene un reconocimiento tácito de la libre determinación que se restringe al
ejercicio de la autonomía en el marco constitucional, señalando además que debe asegurar la
unidad nacional. Esto también parece un exceso pues ya se había hablado de la unidad antes;
además, la naturaleza de los derechos autonómicos no atentan contra la unidad nacional.
Al señalar que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las
constituciones y leyes de las entidades federativas, la Constitución no reconoce expresamente a
los pueblos indígenas como sujetos de derecho y delega esta tarea a las entidades federativas.
Según Carbonell, la remisión del desarrollo de esta disposición a las legislaciones locales deja
abierto el debate sobre el tema y “[b]ajo este marco –respetando los ‘principios generales’ y las
bases del artículo 2º— la legislación local podrá desarrollar tan ampliamente como lo considere
oportuno los derechos y prerrogativas a favor de las comunidades indígenas.” 74 Sin embargo,
por nuestra parte, y en coincidencia con López Bárcenas, consideramos que la forma como se
redactó este precepto provoca varias desventajas: en primer lugar, deja fuera la posibilidad de
tener normas generales para el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de
derecho; en segundo lugar, también deja fuera la posibilidad de un nuevo pacto federal, de una
nueva relación de los indígenas con el Estado mexicano; por último, da lugar a que la
legislación en materia indígena, al ser local, llegue a ser sumamente dispar, dificultando así la
organización de pueblos indígenas asentados en más de una entidad federativa. 75
74 CARBONELL, Miguel, Problemas constitucionales del multiculturalismo, op. cit., pp. 89-90
75 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, “Reforma constitucional y derechos indígenas en México: entre el
consenso y la ilegitimidad”, op. cit., pp. 17-19