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indígenas, sobre todo con relación a la tierra y los territorios. Las reformas al artículo 27
abrieron la posibilidad de que salieran al comercio particular las tierras de propiedad comunal
que antes permitieron a algunas comunidades indígenas conservarlas. Es decir, como dice
Clavero, “[n]o sólo no se aborda la reforma más integral que el registro indígena requeriría, sino
que la revisión precisamente se efectúa en su única cobertura constitucional sustantiva y
propiciando además su debilitamiento. Y al contrario de lo que ocurre con nuestra reforma, esta
otra del capítulo agrario viene seguida inmediatamente, a las pocas semanas, de la legislación de
desarrollo que confirma tendencia”. 355 Así, se dio una reforma a favor de los derechos
indígenas ambigua y sin posibilidad de hacerse efectiva, junto con otra reforma agraria que
despojaba a las comunidades indígenas de derechos agrarios y de propiedad comunal
acompañada de una legislación secundaria detallada y efectiva.
Después de la reforma al artículo 4º constitucional se reformaron algunas leyes
federales y de las entidades federativas en materias como acceso a la justicia penal, derechos
agrarios, recursos naturales, culturales y en derecho administrativo. En el ámbito de la justicia
penal se reformaron el Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para
toda la república en matera del Fuero Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.
Se reformaron la Ley Agraria, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
y la Ley Forestal, lo mismo que la Ley General de Educación y la Ley Federal de Derechos de
Autor; además, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Todas estas reformas, a
pesar de que incorporaron el componente indígena, lo hicieron en su mayoría en el sentido de
que son minorías a las que hay que ayudar a integrarse a la cultura nacional y nunca se les
reconoció como pueblos, con la facultad de organizarse por sí mismos ni de participar en las
gestiones de las políticas públicas. 356
Además de que estas reformas contenían aún un lenguaje integracionista, las
instituciones de gobierno nunca realizaron los cambios o las gestiones que se requerían para
poder cumplir con la legislación, y por lo tanto no cumplieron con ella. Un ejemplo de esto lo
tenemos con la reforma al Código Penal en la que se incorporó el derecho de los procesados
indígenas a contar con un traductor, con un intérprete y a que se tomaran en cuenta sus usos y
costumbres. Sin embargo, comenta López Bárcenas que “quince años después no existía
institución que prestara esos servicios y los jueces carecían de todo conocimiento sobre los usos
y costumbres.” 357
355 CLAVERO, Bartolomé, Derecho indígena y cultura constitucional en América, op. cit., pp. 51-52;
Ver también BARABÁS, Alicia M. “La rebelión zapatista y el movimiento indio en México”, s/n de p.
356 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Autonomía y derechos indígenas en México, op. cit., pp. 61-62
357 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Autonomía y derechos indígenas en México, op. cit., p. 62