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6.2.3.4. Criminalización y militarización
La ambigua legislación mexicana vigente no ha terminado de dar suficientes
herramientas jurídicas para que los pueblos y comunidades indígenas puedan ejercer su
autonomía en diversos ámbitos, y la legislación internacional en la materia es desconocida por
las autoridades gubernamentales –incluso las judiciales. Todo esto ha ocasionado que, como
hemos visto, en muchos casos estos pueblos y comunidades hayan decidido seguir organizando
su vida económica, social, política y jurídica por la vía de hecho, a pesar de que cuenten con ese
derecho según la Constitución.
Los actores gubernamentales deben de reconocer que es urgente una verdadera reforma
legislativa que de cuenta de que la nación mexicana es una nación pluricultural, como afirma el
artículo 2º constitucional; y que, mientras tanto, es imprescindible reconocer, por la vía política,
las gestiones autonómicas de los pueblos y comunidades indígenas –que, dicho sea de paso,
aunque no han terminado de ser reconocidos cabalmente, no están prohibidas, sino todo lo
contrario: están enunciadas en la Constitución—.
Pero ello no es así: en muchos de los casos se ha mostrado una franca y abierta
oposición a las actividades que de forma autónoma se realizan en muchos pueblos y
comunidades indígenas, llegando al grado de la criminalización de sus actividades y la
persecución de los indígenas. También se persiguen y reprimen a las organizaciones, pueblos y
comunidades que se organizan para manifestarse en contra o resistir a una determinada política
o proyecto que consideran vulnerará su pueblo o comunidad. Así lo expresa el Diagnóstico
sobre la situación de los Derechos Humanos en México elaborado por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México:
“Un patrón recurrente en las regiones conflictivas es la criminalización de las
actividades de protesta, denuncia, resistencia y movilización social de los
involucrados, lo cual implica con frecuencia la imputación de delitos, la ‘fabricación’
de delitos difíciles o imposibles de demostrar, la detención ilegal de los acusados, los
abusos físicos, la dilatación en el proceso judicial (comenzando por las averiguaciones
previas) etcétera. Se reportan detenciones, allanamientos, acoso policial, amenazas y
enjuiciamientos a autoridades y líderes comunitarios, a dirigentes y miembros de
organizaciones indígenas y a sus defensores. Se han denunciado ‘desaparecidos
transitorios’, personas que son privadas ilegalmente de su libertad por algún tiempo,