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tanto el texto del artículo 27 como su ley reglamentaria son extensos y detallados. Así, es obvio
que estos tendrán una incidencia mayor que el artículo 2º en esta materia, en detrimento de los
pueblos indígenas. 81 Toda esta tendencia es contraria a los artículos 13 y 14 del Convenio 169.
La fracción VI habla del acceso al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de
los lugares que habitan y ocupan. El acceso preferente o el deber del Estado de proteger
especialmente el derecho de utilización, administración y conservación de los recursos naturales
se encuentra ya en el artículo 15 del Convenio 169; sin embargo, en el texto de la Constitución
se incorporaron una serie de limitaciones y condiciones que no se imponen ni siquiera al resto
de los mexicanos, pues, además de señalar que deben de respetarse las formas y modalidades de
propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y leyes de la materia, se dispone
que deberán de respetarse los derechos adquiridos por terceros. Es decir, ahora “los pueblos
indígenas no podrán tener derecho preferente sobre los recursos naturales de los lugares que
habitan u ocupan si existe algún tercero que por cualquier vía, así sea ilegal, haya adquirido
algún derecho, aunque fuera precario”. 82 En ese caso, hablar de derecho preferente no tiene
sentido. Conociendo la historia de despojos de los que han sido víctimas los pueblos y
comunidades indígenas a lo largo de los siglos, francamente nos parece que los pone en una
situación de particular vulnerabilidad. 83 Otra de las limitaciones que impone el reformado
artículo 2º es que no se trate de áreas estratégicas. 84
81 Ver APARICIO, Marco, Los pueblos indígenas y el Estado. El reconocimiento constitucional de los
derechos indígenas en América Latina, Barcelona, Cedecs, 2002, pp. 149-152
82 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Legislación y derechos indígenas en México, op. cit., p. 66
83 Consideramos además que esta fracción contraviene lo establecido en el Convenio 169, Parte II.
Tierras, que establece, entre otras cosas que “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que
para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o
territorios...” (Artículo 13). Además, que “la utilización del término “tierras” deberá incluir el concepto de
territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o
utilizan de alguna otra manera” y que “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de
propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Dice también que “deberán
tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a usar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus
actividades tradicionales y de subsistencia” (artículo 14). Por su parte, el Comité de expertos de la OIT
ha interpretado que la protección de tierras debe hacerse independientemente de la existencia o no de
título jurídico (Comité de Expertos en la aplicación de Convenios y Recomendaciones, Observación
individual sobre la India, 1988). Ver en sentido similar LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Legislación y
derechos indígenas en México, p. 66
84 El Convenio prohíbe también que los pueblos sean trasladados de las tierras que ocupan y que en caso
de que excepcionalmente se considerara necesario, deberá mediar su consentimiento, y si no, sólo
mediante procedimientos adecuados establecidos en la legislación nacional, incluidas encuestas públicas
en donde los pueblos deberán estar efectivamente representados (Artículo 16) y señala también que, en
todo caso, siempre podrán regresar si dejan de existir los motivos del traslado, además que si el retorno no
es posible deberán de dotárseles de tierras por lo menos iguales en calidad y estatuto jurídico. Si esto no
fuera posible, deberá mediar indemnización, con las garantías apropiadas y que se tomará en cuenta
cualquier pérdida o daño sufrido como consecuencia del desplazamiento.