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Ahora bien, esto no quiere decir que el problema indígena esté resuelto en Oaxaca.
Todavía hay rezagos en el reconocimiento de algunos derechos, en la posibilidad de ejercicio de
los mismos, en las políticas públicas paternalistas o controladoras y contradicciones entre la
legislación local y la legislación federal. Todo ello redunda, muchas veces, en la negación de
derechos que incluso ya están reconocidos en las propias leyes. 331
Francisco López Bárcenas incluso opina que es “costumbre de la clase política
oaxaqueña [...] tomar grandes problemas nacionales, que por su trascendencia no consiguen el
consenso de los grupos de poder nacionales, para introducirlos por la puerta trasera, cuando
debían entrar por la puerta grande.” Y precisamente eso sucedió con la Ley de Derechos de los
Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, “aprobada en 1998, justo cuando el reclamo por
el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés alcanzaba sus mayores niveles.” Esa Ley fue
bien acogida incluso por las organizaciones indígenas y la sociedad civil pues pensaron que era
una ley avanzada y que tomaba en cuenta los Acuerdos de San Andrés. Sin embargo, hoy en
día, comenta López Bárcenas “hasta los funcionarios que la promovieron reconocen que tal ley
más que reconocer derechos buscaba mediatizar la demanda indígena. De igual manera está
f). Las demás que tiendan a promover el bienestar y progreso de sus respectivas comunidades y
pueblos. [...]
Artículo 126. en el estado de Oaxaca, todo individuo tiene derecho a recibir educación. El
estado y los municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación
primaria y secundaria es obligatoria.
[...]
La educación de los alumnos para ser integral comprenderá además, la enseñanza de la historia,
la geografía, la ecología y los valores tradicionales de cada región étnica y en general del
estado, se fomentara la impartición de conocimientos aplicables a la transformación política,
social y económica para beneficio de los oaxaqueños.
En las comunidades indígenas bilingües la enseñanza tendera a conservar el idioma español y
las lenguas indígenas de la región. [...]
Artículo 127. las autoridades fomentaran con preferencia las actividades turísticas que
aprovechen los atractivos de toda índole que posee el estado de Oaxaca y vigilaran que la
realización de estas actividades preserve el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades
indígenas, y como consecuencia de dichas actividades, no deteriore el medio ambiente, ni se
demeriten sus propias riquezas turísticas.”
331 Un ejemplo de esto lo podemos ver en la sentencia del juicio de revisión constitucional electoral SUP-
JRC-152/99 del Tribunal Federal Electoral de la que hemos hablado en el capítulo 6.1. de este trabajo, en
la que este tribunal federal, al revisar un caso electoral mediante usos y costumbres, omitió el
reconocimiento de la Asamblea Comunitaria indígena que había promovido el juicio de revisión como
sujeto colectivo y lo tramitó como petición de ciudadanos individuales dejando de lado así el
reconocimiento de derechos colectivos que ya había hecho la Constitución oaxaqueña y el Código de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca (CIPPEO). Para Adelfo Regino se puede”
constatar el enorme divorcio que existe entre la ley y la realidad. Pero no sólo eso, sino que han sido los
propios representantes del gobierno estatal y federal quienes se han encargado de destruir o en su caso de
cooptar los esfuerzos que hemos hecho los mixes para construir nuestras instancias de deliberación y
decisión en el plano regional.” REGINO, Adelfo, “El Pueblo Mixe, espejo de una realidad paradójica: la
lógica de imposición externa y la esperanza por la autonomía”, Documento elaborado para el proyecto
Autonomía multicultural: una condición necesaria para el desarrollo sostenible en América Latina,
Oaxaca, Servicios del Pueblo Mixe, 2002, p. 8