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Respecto del acceso a la justicia del Estado por parte de los indígenas y el respeto por su
diversidad, aún no se garantizan derechos ya reconocidos como el derecho a ser asistidos por
intérpretes y defensores con conocimiento de la lengua y cultura indígena ni la toma en
consideración de sus costumbres y especificidades culturales.
XXXI. Ahora bien, sobre el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los
pueblos y comunidades indígenas podemos concluir que, a pesar de que estos derechos han sido
mencionados en el texto constitucional las políticas públicas del Estado mexicano se encuentran
lejos de reconocerlos y respetarlos. El discurso político actual al respecto es contradictorio y
poco claro, y las acciones gubernamentales son restrictivas, obstaculizadoras y censura de
espacios y de vías legales y políticas para que los pueblos y comunidades indígenas puedan
ejercer este derecho. Así es como se está orillando a los pueblos y comunidades indígenas a
ejercitar su autonomía por la vía de hecho. Preocupa, por un lado el discurso equívoco de la
clase gubernamental, y por otro, la represión a la que se acude cada vez que se considera que el
pueblo o comunidad se organiza de una manera distinta a la esperada. Consideramos que es
importante que el Estado tenga una actitud clara, congruente y consistente de respeto ante las
organizaciones económicas, sociales, políticas y jurídicas de los indígenas y deje de reprimirlos
o criminalizarlos de forma arbitraria.
La tierra y el territorio como espacios importantes para el desarrollo de la cultura
indígena son los rubros en los que encontramos la situación más grave, pues observamos una
tendencia gubernamental a presionar, forzar, imponer o a lograr mediante información engañosa
el cambio de regímenes de posesión de la tierra de tipo colectivo a tipo individual y a imponer a
los indígenas una visión mercantilista de la tierra. También se vulnera el derecho a la tierra y
territorio indígenas a través de la construcción de obra pública y la permisividad para la
internación de grandes empresas en sus regiones. Esto aunado a una ausencia de política
pública eficaz de las autoridades agrarias para enfrentar el problema de las titularidades y los
conflictos por la tierra. Todo lo anterior es preocupante porque, además de que ni siquiera se les
indemniza conforme a la ley cuando son despojados de sus tierras, el individualizar la tierra en
las comunidades y ejidos de los pueblos indígenas, así como despojarlos de la misma atenta
contra uno de los elementos más importantes para su existencia como pueblos y contribuyen al
deterioro masivo y progresivo de los suelos, aguas y costas en regiones indígenas.
A pesar de que la autonomía está enunciada en la Constitución como un derecho, hemos
encontrado en muchos casos una abierta oposición y en ocasiones, criminalización, por parte de
las autoridades gubernamentales a las actividades que de forma autónoma se realizan en muchos
pueblos y comunidades indígenas. Consideramos que los actores gubernamentales deben