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través de las leyes de desamortización y los pactos de los finqueros con el gobierno. Hay que
resaltar que en la región de Chiapas, todavía a principios de 1994 había indígenas sometidos al
régimen de peones acasillados que consiste en jornaleros adscritos a fincas para trabajar en un
régimen de semiesclavitud. 193
Como antecedente tenemos también la existencia previa de violencia en la región;
violencia “que habla de la descomposición social, de la ausencia de derechos constitucionales,
así como de la incapacidad institucional y de la carencia de las vías pacíficas para resolver los
problemas y los conflictos. Se trata de zonas donde la violencia regional y local es ejercida
cotidianamente por los grupos de poder caciquiles, al amparo del poder político, policial y
militar.” De hecho, se habla de que por lo menos cien líderes indígenas y campesinos fueron
asesinados en un período no mayor a diez años, previos al alzamiento zapatista. 194
La primera organización de la selva en esta región se formó en 1975 y tuvo que ver con
la regularización de la tenencia de la tierra, el acceso a servicios básicos, y los desalojos
forzosos por parte del gobierno local. 195 Tiempo más tarde, en 1980 se formó la Unión de
Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas; ésta Unión tuvo problemas en su
interior, pero con el tiempo lograron restituir lazos entre las comunidades y se formó una nueva
organización: la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC), que planteó de distinta manera
los anteriores reclamos, pues ahora, más que la lucha por la tierra, se encaminaban a la lucha por
apropiarse del proceso productivo. El gobierno de Salinas de Gortari favoreció a las
comunidades de esta asociación y les dotó de tierras, no así al resto de las comunidades
indígenas de Chiapas. En esa misma región, para principios de los años ochenta ya existían
otras organizaciones: la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y
193 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía, op.
cit., p. 59. De hecho, Pérez-Ruiz comenta que los habitantes de las Cañadas “lejos de comunidades
indígenas tradicionales, aisladas de todo contacto con la modernidad, provienen mayoritariamente de los
miles de ex peones acasillados que en el pasado reciente son expulsados de las fincas y haciendas,
precisamente a causa de su modernización productiva, y que encuentran en la Selva una opción de vida,
promovida incluso por el gobierno mexicano.” Añade esta autora que estos ex peones acasillados, cuando
llegan a la Selva, a pesar de que tienen una identidad originaria como tzotziles, tzeltales, choles y
tojolabales, “carecen de los referentes comunitarios de los pueblos de Los Altos, y mucha de su memoria
cultural y mítica se transforma por la Catequesis del Éxodo, promovida por la Iglesia católica, que les
ayuda a asentarse en sus nuevos territorios como comunidades cristianas unidas por una identidad
indígena revalorada” (PEREZ-RUIZ, Maya Lorena, ¡Todos somos zapatistas! Alianzas y rupturas entre
el EZLN y las organizaciones indígenas, op. cit., p. 278)
194 PEREZ-RUIZ, Maya Lorena, “Pueblos indígenas, movimientos sociales y lucha por la democracia”,
op. cit., pp. 384-385
195 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía, op.
cit., p. 61. Díaz-Polanco y Sánchez relatan varios ejemplos de desalojo y de cómo las políticas públicas,
por un lado alentaban a los ganaderos a ocupar tierras indígenas y, por el otro, mediante decretos se
intentaba impedir la colonización de regiones de la selva por parte de las comunidades indígenas que
habían sido despojadas por los ganaderos y finqueros.