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Esta adición dio lugar a un amplio debate en México por diversas razones. Entre ellas,
se criticaba que, aunque se expresara una especie de reconocimiento al decir que “la ley
protegerá y promoverá el desarrollo de sus [...] usos, costumbres [...]” no garantizaba el efectivo
respeto a los mismos. También que a pesar de que reconocía la existencia de pluralidad cultural
en el país, el párrafo sólo mencionaba que “en los juicios y procedimientos agrarios en los que
ellos [los indígenas] sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas”; y no
les daba el reconocimiento de derecho y tampoco establecía la forma en que deberían ser
tomados en cuenta. Asimismo se debatió mucho si era necesaria o no una ley reglamentaria a
dicho artículo.
Para Clavero se optó por la salida “menos problemática” ya que se redujo “el
pronunciamiento a materia de principios sin tocarse de momento el cuerpo de la constitución e
interponiéndose expresa y eficazmente la ley para cualquier desenvolvimiento futuro”. Además
de esto, la operatividad de esta disposición se complicaba aún más si se tomaba en cuenta que
no existía jurisprudencia al respecto para hacer valer los principios constitucionales y que su
aplicación se limitaba a una ley. Para él, estas limitaciones parecen deliberadas. 352
Según López Bárcenas la reforma constitucional sólo se trató de “una norma declarativa
de la pluriculturalidad de la nación mexicana” y a partir de ella únicamente se podía considerar
a los pueblos indígenas como sujetos de derecho de manera indirecta. La misma redacción del
artículo cuarto era restrictiva pues sólo permitía la posibilidad del reconocimiento de derechos
“que la ley secundaria eventualmente llegara a reconocer.” 353
También en 1992 se reformó el artículo 27 constitucional incorporando el siguiente
texto: “la ley protegerá la integridad de los grupos indígenas” el cual presenta problemas pues,
por un lado no reconoce a los indígenas la condición de pueblos que ya había reconocido el
Convenio 169 recién ratificado por México. Por otro lado, la ley que se suponía protegería su
integridad –es decir, la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en este caso la Ley
Agraria— remitía para esto a otra ley. En efecto, la Ley Agraria en su artículo 106 decía que las
tierras de los grupos indígenas serían protegidas en los términos de la ley reglamentaria del
artículo 4º constitucional, ley que no existía aún y que, por cierto, nunca llegó a redactarse. 354
El problema de que la reforma al artículo 4º constitucional se hubiera acompañado de
una reforma al artículo 27 puso en una peor situación la posibilidad de exigir derechos
352 CLAVERO, Bartolomé, Derecho indígena y cultura constitucional en América, op. cit., pp. 50-51
353 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Autonomía y derechos indígenas en México, op. cit., p. 34
354 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Autonomía y derechos indígenas en México, op. cit., p. 34