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Además, opinamos que todo el texto se presta, una vez más, para intervenir de forma
unilateral en la vida indígena y dejar de lado lo realmente importante, que es su reconocimiento
como sujetos colectivos de derecho. Si de verdad se buscaba mejorar sus condiciones como
agentes morales, se les hubiera dotado de facultades para empoderarse y autogestionar sus
recursos, para tomar las riendas en estos ámbitos.
Coincidimos con Carbonell en que es común, sobre todo en países como México, en
que la desigualdad social y económica es dramática, que “los grupos que reivindican cuestiones
de reconocimiento, sufren también de fuertes desigualdades por motivos económicos”. 25 El
estar en contra de esta reforma no significa una “oposición a que se hagan caminos, clínicas o se
den becas de estudios o despensas, tampoco es que se desconozca la grave situación de los
pueblos indígenas en materia de acceso a los mínimos de bienestar. Precisamente, se trata de
obtener derechos para que los pueblos se reconstituyan, y como nuevos sujetos políticos
participen con otros sectores de la sociedad para lograr un Estado con responsabilidad social, en
una lógica distinta que parta del respeto real a la diversidad cultural.” 26
Asimismo, se critica el Apartado B del artículo 2º pues sigue la postura de instituciones
exclusivas de materia indígena que solo marginan y excluyen, además de que se adopta el
patrón de la cultura hegemónica del Estado, en lugar de pensar en un Estado pluricultural.
López Bárcenas dice que lo que procedería sería “pluriculturalizar las instituciones de tal
manera que sean capaces de desarrollar una política transversal que influya en todas las
instituciones para que sean capaces de atender a la población indígena respetando la diversidad
cultural”. 27
Ahora bien, como dice Carbonell, “pese a su ambigüedad, todas las fracciones del
apartado B son, de alguna manera, justiciables y exigibles; tienen un contenido normativo
mínimo que no puede ser vulnerado y que, en su caso, podrá se exigido ante la jurisdicción
constitucional” y señala que toca a “los intérpretes poner de manifiesto –o intentarlo— que no
son una lista de recomendaciones o de buenos deseos que las autoridades puedan ir cumpliendo
como mejor les parezca: son, por el contrario, mandatos constitucionales, es decir, normas
jurídicas vinculantes para autoridades y particulares.” 28
25 CARBONELL, Miguel, Problemas constitucionales del multiculturalismo, op. cit., pp. 112-114
26 GÓMEZ, Magdalena, “La Reforma mutilada”, en La Jornada, jueves 26 de abril de 2001
27 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, “Reforma constitucional y derechos indígenas en México: entre el
consenso y la ilegitimidad”, ESPINOZA SAUCEDA, Guadalupe, et. al., Los derechos indígenas y la
Reforma Constitucional en México, México, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, 2001,
p. 37
28 CARBONELL, Miguel, Problemas constitucionales del multiculturalismo, op. cit., pp. 107-108