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representatividad y la legitimidad, pues en pocas ocasiones estos “representantes” llevan el
respaldo de los procesos comunitarios o de asamblea de su pueblo o comunidad de origen.
Otro nuevo proceso que hemos observado es la ampliación del debate acerca de los
derechos humanos al interior de los movimientos indígenas; es decir, a la par que los
movimientos indígenas reivindican al exterior el reconocimiento de sus derechos como pueblos,
se encuentran al interior debatiendo la necesidad de respetar ellos mismos los derechos
humanos.
XXXIII. No existe ninguna organización ni red indígena que agrupe a todos los pueblos
indígenas del país. Sin embargo, tanto la ANIPA como el CNI, –sobre todo este último—
tienen amplia presencia, a pesar de que pasan por sus crisis y un estado actual de decaimiento.
De los reclamos del CNI podemos concluir que, al no ser propiamente una
organización, sino una asamblea-red, un espacio plural, las propuestas son más abiertas y más
plurales. Predomina la propuesta de que la autonomía se ejerza en los ámbitos en los que se
haga valer, en el marco de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. También
destaca su apoyo a los Acuerdos de San Andrés y al proyecto de reforma constitucional
elaborado por la COCOPA. De las declaraciones de CNI se infiere una exigencia por el respeto
a la diferencia en diferentes ámbitos, sobre todo en el sentido del reconocimiento. Exigen el
reconocimiento como sujetos colectivos, como comunidades y como pueblos y el ejercicio de la
autonomía según los Acuerdos de San Andrés, es decir, en los ámbitos y niveles en que cada
uno de los pueblos indígenas los hagan valer.
XXXIV. La ANIPA como organización formalmente constituida y con estructura de
tipo más vertical, enfrenta algunas crisis pero también tiene una propuesta concreta que consiste
fundamentalmente en la autonomía de los pueblos indígenas. En esta propuesta se reivindica el
derecho a la diferencia como respeto a la diversidad cultural: se critica el modelo de Estadonación
homogéneo y las nuevas políticas influidas por la globalización económica.
Respecto del derecho a la diferencia reivindican derechos especiales en materias como
el idioma, el acceso a la jurisdicción del Estado, desarrollo sustentable y uso y disfrute de
recursos naturales. Todos estos derechos están encaminados a promover y proteger la
particularidad cultural de los pueblos indígenas y alguno más a establecer una protección
especial en cuanto población desaventajada, como es el caso de los indígenas migrantes. Se
plantea la educación pluricultural para todos los mexicanos e intercultural para los indígenas.