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Surge también la posibilidad de contradicciones pues si, por un lado, pudiera
argumentarse que la Constitución prevalece frente a un tratado internacional 76 como lo es el
Convenio 169, no podría decirse lo mismo de las constituciones locales pues éstas se encuentran
en un rango inferior a los tratados internacionales; por tanto, si, al establecer las formas de
reconocimiento de los pueblos indígenas, así como las formas de autonomía, vulneran el
tratado, deberá prevalecer este último.
Además de lo anterior, se establecen más criterios para el reconocimiento (por parte de
las entidades federativas) de los pueblos y comunidades indígenas: criterios etnolinguísticos y
de asentamiento físico. Aquí no queda claro si la aplicación de todos los criterios mencionados
deberá ser exhaustiva.
En el apartado A se reconoce de manera explícita el derecho a la libre determinación a
través de la autonomía: “Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía”. A
continuación se enumeran distintas formas de ejercicio de la autonomía. Consideramos que no
todas las disposiciones enumeradas en las fracciones del apartado A consisten propiamente en
derechos autonómicos, es decir, derechos que puedan ejercer por sí mismos, de forma colectiva
y de acuerdo a su propia cosmovisión. Algunas de ellas se refieren más bien a derechos o
medidas especiales con motivo de la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena y algunas
otras a derechos que tienen que ver con la particular relación que pueda darse entre los pueblos
y comunidades indígenas y los derechos de representación. Entre los derechos autonómicos
encontramos derechos de diversos tipos, como relativos a organización, jurisdicción, elección de
representantes, aprovechamiento de sus tierras y difusión de su lengua y cultura.
Así, las ocho fracciones del Apartado A establecen el derecho a la autonomía para lo
siguiente:
“I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social,
económica, política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución,
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la
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En el sistema legal mexicano, tal y como se encuentra actualmente, según el artículo 133
constitucional, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados
que estén de acuerdo con la misma, son Ley Suprema de toda la Unión, es decir, se encuentran en el
mismo rango jerárquico. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tratados internacionales se
ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto de la Constitución
federal (Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, amparo núm.
1475/98, Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, 11 de mayo de 1999)