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insuficiencias de los derechos individuales hoy, para garantizar la pervivencia de la comunidad
de cultura como contexto de elección que posibilita la autonomía de las personas, como el
contexto necesario que proporciona a los seres humanos la capacidad de elegir un plan de vida y
seguirlo. Y en ese sentido, los derechos colectivos no se oponen a los derechos humanos
individuales sino que los refuerzan, teniendo en cuenta que ninguno de los derechos se piensa
como absoluto. Estos derechos pueden considerarse como bienes sociales porque su
construcción y goce se logran con la participación colectiva.
VIII. El derecho de libre determinación es el derecho que tienen los individuos de que
su comunidad de cultura –es decir, el pueblo al que pertenecen— sea reconocido. Esto significa
que les sea reconocida la facultad de decidir, como comunidad, su destino por sí mismos. El
respeto de este derecho es condición de todo convenio político voluntario.
Consideramos que tanto en los Estados como en el ámbito del Derecho Internacional
debe de reconsiderarse la concepción del derecho de libre determinación y, en el ámbito estatal,
producirse una apertura a pactar los niveles de libre determinación que se consideren pertinentes
después de un diálogo consensuado; como en el ámbito internacional terminar de reconocer
abiertamente este derecho de los pueblos, previo establecimiento de lo que se entiende como tal
y las formas en que el derecho se puede ejercer. No se pretende con esto fomentar
“fragmentaciones” ni “secesionismos” al infinito, sino que se reconozcan las demandas de
pueblos a su libertad de actuación, a poder decidir y a ejercer por sí mismos el destino de su
cultura. Seguramente que la mayoría de estos pueblos requerirá pactar estatutos de autonomía.
El debate acerca de si los pueblos indígenas son considerados como pueblos para los
efectos del derecho a la libre determinación es un debate que todavía persiste. Sin embargo,
diversos instrumentos internacionales, así como constituciones de los Estados reconocen a los
pueblos indígenas como sujetos de derecho. Cada día es también más aceptado que el derecho a
la libre determinación es uno de los derechos de estos pueblos, en particular, se interpreta como
un derecho a ejercerse al interior de los Estados mediante diversas formas de autonomía.
Estas formas de autonomía pueden estar regidas por ciertos principios, como los que
proponen Díaz-Polanco y Sánchez, de unidad de la nación; igualdad de trato de todos los
ciudadanos incluyendo los entes autonómicos; igualdad entre sí de los grupos socioculturales
que convivan en el territorio autónomo; solidaridad y fraternidad entre los diversos grupos
étnicos que componen el país. También se podrá pensar en regímenes autonómicos en distintos
ámbitos –siguiendo a Stavenhagen— como la lengua, la educación, el ámbito político y el
jurídico, el territorio y el control de los recursos naturales; pero consideramos particularmente