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407<br />

“Desamortizar la propiedad agraria comun<strong>al</strong> y ejid<strong>al</strong> se ha convertido en<br />

política permanente de gobierno a través de los Programas de Certificación de<br />

Derechos Ejid<strong>al</strong>es y Titulación de Solares (Procede) y de Certificación en<br />

Comunidades (Procecom). Dichos programas facilitan la venta de parcelas, la<br />

incorporación de las tierras de uso común a sociedades privadas y, bajo ciertos<br />

requisitos, la adopción del dominio pleno en los ejidos; permiten form<strong>al</strong>izar el<br />

acaparamiento y las ventas ileg<strong>al</strong>es de tierras ejid<strong>al</strong>es o comun<strong>al</strong>es, favoreciendo todos<br />

los factores que tienden a privatizar las tierras y recursos natur<strong>al</strong>es de los núcleos<br />

agrarios”. 279<br />

Indica también que los 26.154 núcleos agrarios que se anuncian como ingresados <strong>al</strong><br />

Programa, no lo han hecho por voluntad de sus asambleas, sino que han sido impuestos “con<br />

trampas y hasta violencia, condicionando a los campesinos la entrega de recursos y subsidios<br />

ofici<strong>al</strong>es a la aceptación de dicho programa.” Para Gutiérrez el PROCEDE y el PROCECOM<br />

“encubren una gigantesca e ileg<strong>al</strong> acción de Estado que busca destruir la propiedad soci<strong>al</strong><br />

agraria y que, en el caso de las comunidades indígenas, es una de las políticas más<br />

profundamente etnocidas.” 280<br />

Ramón Vera comenta que “las comunidades indígenas, sean amuzgos de<br />

Xochistlahuaca, ñuhú de la Sierra Norte de Veracruz, zoques de los Chim<strong>al</strong>apas, tzotziles,<br />

tzelt<strong>al</strong>es o tojolab<strong>al</strong>es de Chiapas, tepehuanos o wixárika de Durango y J<strong>al</strong>isco, están<br />

empeñados en defender su territorio y no aceptarán <strong>al</strong>go impuesto por los operadores,<br />

presionando y socavando a sus asambleas con mañas y amenazas.” 281<br />

Otra política reiterada del Estado que afecta en gran medida a los pueblos y<br />

comunidades indígenas es la construcción de obra pública. Para López Bárcenas “las<br />

comunidades indígenas afectadas en años pasados por la construcción de obra pública han<br />

comenzado a protestar porque el despojo que sufrieron de su patrimonio, para construir obras<br />

que debieron beneficiar <strong>al</strong> país, no les ha sido resarcido conforme a derecho corresponde.” En<br />

muchos de estos casos se han dado des<strong>al</strong>ojos con motivo de la construcción de presas; y<br />

también en muchos de ellos se prometieron a los indígenas tierras y servicios que nunca se<br />

279 GONZÁLEZ GARCÍA, Carlos, “El Estado contra los territorios comun<strong>al</strong>es. La conquista no ha<br />

terminado”, Ojarasca, México, núm. 6, noviembre de 2001<br />

280 GONZÁLEZ GARCÍA, Carlos, “El Estado contra los territorios comun<strong>al</strong>es. La conquista no ha<br />

terminado”, op. cit.<br />

281 VERA, Ramón, “Las escrituraciones del diablo”, op. cit.

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