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A pesar de que la redacción de los pocos artículos que actualmente existen en
instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos sobre indígenas es ambigua y
limitada, los órganos de Naciones Unidas y de la OEA han ido avanzando hacia una
interpretación menos restrictiva y más avanzada de los derechos de los pueblos indígenas como
colectivos y como culturas diferentes. Los ámbitos de la ONU y de la OEA que se encuentran
más rezagados en estas posturas son precisamente donde participan los representantes de los
Estados.
Uno de los derechos más controvertidos en estos espacios es el derecho a la libre
determinación, que no termina de ser aceptado por muchos de los representantes de los Estados.
El reconocimiento de derechos colectivos también encuentra resistencia, si bien ya se encuentra
plasmado en varios instrumentos, algunos de ellos vinculantes.
El instrumento vinculante más avanzado en el reconocimiento de derechos indígenas al
día de hoy es el Convenio 169 de la OIT, que ha influido en la redacción de otros instrumentos.
Los derechos que hoy se discuten no pueden positivizarse de manera más restringida que lo
reconocido en el Convenio pues esto sería afectar el principio de progresividad del derecho
internacional de los derechos humanos, contrariando así los principios de ese sistema
normativo. Sin embargo, no faltan posturas que propugnan un reconocimiento más limitado.
VIII. Los derechos reconocidos tradicionalmente en la teoría liberal se han ido
mostrando como insuficientes. Un Estado multicultural que pretenda ser democrático, debe
plantearse como un Estado plural, que tome en cuenta la diversidad cultural. En nuestra
opinión, para ello debe considerar primordialmente dos derechos: el derecho a la diferencia
como una forma del derecho a la igualdad, y el derecho a la libre determinación como un
derecho colectivo para ser ejercido por los pueblos diferenciados culturalmente.
El derecho a la diferencia se perfila como una forma de reconocimiento de quienes son
diferentes. Existe un déficit en este reconocimiento pues se parte de una supuesta neutralidad
del marco jurídico, así como de un modelo de sujeto jurídico que se pretende
descontextualizado pero que es la imposición de un sujeto específico. El derecho a la diferencia
va más allá de la no-discriminación e implica que se garantice el ejercicio de derechos para
asegurar la libertad y la plena autonomía de todas las personas. Implica el reconocimiento de
medidas especiales para algunas personas con base en su pertenencia a una minoría cultural o a
un pueblo indígena. Implica el reconocimiento de algunas minorías culturales, como los
pueblos y comunidades indígenas, como sujetos colectivos de derecho para suplir las