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De esta visión podemos poner como ejemplo el prólogo del Libro blanco sobre las
reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, editado por el Senado de
la República; en éste, el senador Enrique Jackson, como Presidente de la mesa directiva del
senado de la República, al presentar el material legislativo en torno a las reformas expresa que
“[e]n todo Estado moderno coexisten derechos legítimos pero heterogéneos que, en ocasiones,
pueden entrar en conflicto” y presenta como ejemplo de lo anterior el caso de “los derechos de
las minorías a la autonomía y la obligación constitucional para el gobierno de preservar la
soberanía y la integridad nacional.” 41
Puede observarse cómo se considera la autonomía de los pueblos al mismo tiempo
como un derecho y como algo que atenta contra la soberanía y la integridad nacional y no como
una posibilidad real del Estado de pactar con estos pueblos regímenes da autonomía que ayuden
a preservar la soberanía. Por otro lado, no se explica qué se entiende aquí por integridad
nacional pero parece que se interpreta como unidad, cohesión; es decir, se presenta como un
valor muy parecido a la homogeneidad político cultural. Podemos observar también que –a
pesar de que el término pueblos ya ha quedado asentado en la Constitución— aquí se habla de
minorías y no de pueblos, términos que, como ya se ha explicado ampliamente tienen
connotaciones específicas. La preferencia de un término sobre otro no siempre suele ser
inocente.
Más adelante se señala que frente a esta aparente oposición de derechos “no existe una
solución mágica o única. Sólo la política, cuyo fin es el bien común del hombre, por lo que
puede, mediante la búsqueda de consensos lo más amplios posibles, conciliar intereses
heterogéneos pero igualmente validos y satisfacer requerimientos diferentes igualmente
apremiantes.” 42 Sin embargo, plantea una disyuntiva entre soberanía e integridad del Estado,
por un lado, y el derecho a la autonomía; por el otro, de lo que se desprende que la autonomía de
los pueblos se concibe como un derecho en conflicto con la soberanía e integridad del Estado,
situación que –como ya hemos visto y seguiremos argumentando— no necesariamente es así.
Por otro lado, al decir que la única solución que queda es la política, parece excluir la
posibilidad de que quede asentado en la Constitución Política de nuestro país el reconocimiento
de derechos para los pueblos indígenas.
41 JACKSON, Enrique, “Prologo” en Libro Blanco sobre las reformas constitucionales en materia de
derechos y cultura indígenas, México, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la
República, 2002, pp. 7-8
42 JACKSON, Enrique, “Prologo”, op. cit., p. 8