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Entre los textos legales y políticos de la revolución mexicana se recogen algunas de las
demandas indígenas: el Plan de San Luis, elaborado por Madero al iniciar la lucha hablaba de la
destitución de tierras a quienes se había despojado. También el Plan de Ayala de Emiliano
Zapata contenía la restitución de tierras. El decreto de 1915 emitido por el presidente Carranza
de igual manera señala “la necesidad de devolver a los pueblos los terrenos de que han sido
despojados como acto de elemental justicia.” Finalmente, en el artículo 27 de la nueva
Constitución política de 1917 se reconocen los derechos sobre tierras para los “ejidos” 241 y las
“comunidades” entre los que se encuentran con presencia muy importante los indígenas. Sin
embargo, en ningún momento se les nombra como indígenas, no se reconoce su existencia, ni
siquiera se reconoce la plurietnicidad del país. Prevalece ante todo el criterio de que “todos los
ciudadanos son iguales y tienen los mismos derechos y obligaciones” 242 interpretado en el
sentido de homogeneidad; es decir, como el modelo de la homologación jurídica de las
diferencias que retomamos de Ferrajoli en el capítulo anterior. 243
Aunado a lo anterior, la restitución de tierras que se dispuso en el artículo 27
constitucional no contuvo las posibilidades de territorialidad, sino que como hemos dicho, la
tierra se otorgó en calidad de ejido o comunidad agraria y no siempre coincidió con las formas
indígenas, pues “ni todas las comunidades agrarias que se constituyeron fueron indígenas ni
todas las comunidades indígenas eran agrarias.” 244 Francisco López Bárcenas opina que si los
indígenas habían participado en la revolución para recuperar sus tierras, el Congreso debía de
haber respetado el principio de los derechos adquiridos y haber reconocido los derechos
adquiridos por indígenas al haber ocupado esas tierras antes que el Estado pero prevaleció el
argumento de que el Estado necesitaba regular la propiedad privada para evitar la formación de
latifundios. Para López Bárcenas este argumento era válido pero “[e]l error estuvo en no
diferenciar la propiedad privada, social o pública de la indígena, que respondía a otras lógicas, y
encasillarlas en el mismo modelo.” Pudieron haberse establecido algunas modalidades de
protección a las tierras y territorios indígenas, como por ejemplo, considerar la conservación de
los territorios indígenas como causa de utilidad pública y el otorgamiento de un derecho
241 El ejido, establecido en el artículo 27 constitucional, consiste en una porción de tierra que es
usufructuada –ya que en principio pertenece al Estado—por un jefe de familia (generalmente varón) para
trabajarla de manera individual. Ver sobre este tema NUGENT, Daniel y ALONSO, Ana María,
“Tradiciones selectivas en la reforma agraria y la lucha agraria: Cultura popular y formación del estado en
el ejido de Namiquipa, Chihuahua,” op. cit., p. 177
242 STAVENHAGEN, Rodolfo, (coord.), Derecho indígena y Derechos Humanos en América Latina, op.
cit., p. 303
243 Ver capítulo 3.1.
244 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Autonomía y derechos indígenas en México, México, autoedición,
2000, pp. 58-59