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cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente.”
Otro artículo que fue reformado junto con el artículo 2º es el 115, que regula al
municipio mexicano. En este artículo se estableció que “las comunidades indígenas, dentro del
ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que
prevenga la ley”. 94 Esta disposición contiene el mismo problema que se explicaba de la última
disposición de la fracción VI del artículo 2º; es decir, se limita la posibilidad de organización a
las comunidades y se deja fuera a los pueblos.
En resumen, las reformas legislativas en materia indígena en el Estado mexicano
significan un avance acompañado de muchos retrocesos y candados. Díaz-Polanco y Sánchez,
haciendo una crítica integral del texto de la reforma constitucional, señalan que la autonomía
aprobada queda reducida al ámbito comunal; niega a las comunidades el carácter de entidad de
derecho público; reenvía a las constituciones y leyes locales “el ‘reconocimiento’ de los pueblos
y comunidades indígenas, así como la facultad de establecer ‘las características’ de libre
determinación y autonomía” y opinan que con estas limitaciones los derechos de los pueblos
indígenas “quedan atados a diversas contingencias, particularmente a la correlación de fuerzas
políticas en cada entidad federativa, entre otros graves inconvenientes”. Señalan además que la
reforma
“restringe la aplicación de los sistemas normativos internos y las ‘prácticas jurídicas’
de los pueblos, que pasan a ser ‘costumbre’s; elimina el acceso colectivo al uso y
disfrute de los recursos naturales en los territorios, y establece poderosos candados
adicionales que se fundan en la neoliberal contrarreforma agraria promovida por el ex
presidente Salinas en 1992; suprime la “participación ciudadana” en los municipios, al
tiempo que deja fuera todo el sustento (establecido originalmente en la Cocopa en el
artículo 115) para el ejercicio de la libre determinación en ‘cada uno de los ámbitos y
niveles en que hagan valer su autonomía’ los pueblos; consecuentemente, desaparece
la facultad de las comunidades, y de los municipios que ‘reconozcan su pertenencia a
un pueblo indígena’, para ‘asociarse libremente’ y ejercer así algunos derechos en
niveles supracomunales que favorezcan su gradual recomposición como pueblos. Con
renovado espíritu priísta, se establece un apartado B en el artículo 2º de las reformas
que constituye un típico programa asistencialista, a la vieja usanza del indigenismo,
94 Artículo 115, fracción III, último párrafo