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entenderse con ella agotado o si, por el contrario, su potencialidad podía aplicarse a
los procesos políticos de otros pueblos, no coloniales.” 189
Luis Villoro expresa que el hecho de que la función histórica del derecho de libre
determinación hubiera sido el proceso de descolonización llevó a la interpretación de que se
permitiera a los pueblos colonizados acceder al status de Estado-nación dentro de las mismas
fronteras establecidas por los colonizadores. Así se dio al término “pueblos” el sentido de
Estados-nación. Se interpretó la autodeterminación, junto con la no-injerencia, como atributo de
la soberanía. 190 De hecho, lo que consideraron podría ser una posible contradicción entre el
principio de soberanía y el de libre determinación lo resolvieron argumentando la
desvinculación entre el Estado soberano y el pueblo colonial en tal caso con base en la soberanía
virtual de este último, vulnerada por la ocupación de un Estado ajeno. 191
Por eso en la práctica de las Naciones Unidas ha sido habitual entender el derecho de
libre determinación como “propio de los pueblos coloniales dominados por alguna potencia
extranjera,” y considerar que sólo se ejerce una vez, al alcanzar la independencia política.
Comúnmente se ha considerado que la población que habita una colonia es el sujeto del derecho
de libre determinación y que ejerce este derecho “al decidir libremente sobre su futuro político a
través de referéndums, plebiscitos o elecciones libres.” 192
Como hemos comentado ya, la ONU ha considerado que las minorías a las que se
refiere el artículo 27 del PIDCP y la Declaración de Minorías, no son pueblos y, por tanto, no
tienen derecho de libre determinación, 193 pero hasta la fecha persiste el debate acerca de si se
pueden proclamar derechos a favor de los pueblos distintos de los Estados o si se entiende como
un derecho de los Estados vinculado a la no-injerencia. Parece ser que por un lado, ha
predominado esta última interpretación y esto ha sido en detrimento de los pueblos incorporados
de manera involuntaria en territorios de Estados nacionales, pero por otro se encuentra ya una
cierta apertura tanto en el ámbito de los Estados, que empiezan a incorporar los términos de
pueblos para referirse a los colectivos indígenas y al hablar de ellos como sujetos de
derechos. 194
189 REMIRO BROTÓNS, Antonio, Derecho Internacional, Madrid, Mc Graw Hill, Ciencias Jurídicas,
1997, p. 109
190 VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit., p. 84
191 REMIRO BROTÓNS, Antonio, Derecho Internacional, op. cit., p. 112
192 STAVENHAGEN, Rodolfo, “Derecho Internacional y derechos indígenas”, op. cit., p. 185
193 STAVENHAGEN, Rodolfo, “Derecho Internacional y derechos indígenas”, op. cit., p. 185
194
Ejemplos de estas incorporaciones las encontramos en gran parte de las constituciones
latinoamericanas. La Constitución mexicana, que a pesar de utilizar un lenguaje poco afortunado e incluir
una serie de pasos de difícil consecución para el efectivo ejercicio de los derechos que reconoce, habla de