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“incapacidad y desorganización.” 347 A la par de esta visión, a partir de las críticas de diversas
organizaciones indígenas y de la sociedad civil, las nuevas discusiones en las agencias
internacionales –como el Instituto Indigenista Interamericano y la OIT—, así como el fracaso
del modelo lineal de desarrollo impuesto desde fuera, fue permeando el discurso indigenista
hacia la riqueza de los pueblos. Se fue encontrando en las comunidades indígenas “un potencial
de desarrollo previamente desconocido o más bien desdeñado” y se volvió a hablar de la
dimensión cultural del desarrollo, pero no ya como necesidad de integrarlos culturalmente, sino,
por el contrario, la cultura indígena comenzó a tener un lugar en el discurso gubernamental
como recurso para un desarrollo integral. Así comenzó a hablarse de etnodesarrollo. 348 El
discurso del etnodesarrollo tiene más presencia en las agencias internacionales, pero de alguna
manera, han influido en la postura del Estado mexicano.
Así, “[c]on la emergencia de las organizaciones indígenas y la corriente crítica de la
antropología, el debate entre los científicos sociales, los políticos y los líderes indígenas con
respecto a la población indígena y la política indigenista, se intensificó.” 349
La posibilidad de reconocer derechos indígenas a nivel constitucional comenzó a
discutirse a partir de 1989 y esta reforma finalmente se llevó a cabo en 1992. 350 Esta discusión
se inició a causa de que México ratificó en 1990 el Convenio Núm.169 Sobre Pueblos Indígenas
de la OIT y como consecuencia de ello el gobierno federal se vio en la necesidad de promover
reformas a la Constitución Federal. 351 La reforma de 1992 consistió en la adición de un párrafo
al artículo cuarto constitucional. Este párrafo decía:
“La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de
sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización
social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En
los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta
sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.”
347 HERNÁNDEZ-DÍAZ, Jorge, Reclamos de la identidad: La formación de las organizaciones indígenas
en Oaxaca, op. cit., p. 37
348 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, José M., “Indigenismo”, en REYES, Román, (dir.), Diccionario
Crítico de Ciencias Sociales, Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/I/index.html, s/n de p.
349 HERNÁNDEZ-DÍAZ, Jorge, Reclamos de la identidad: La formación de las organizaciones indígenas
en Oaxaca, op. cit., p. 33
350 CLAVERO, Bartolomé, Derecho indígena y cultura constitucional en América, op. cit., p. 50
351 BARABÁS, Alicia M. “La rebelión zapatista y el movimiento indio en México” Serie Antropología
Núm. 208, Brasilia, 1996, http://www.unb.br/ics/dan/Serie208empdf.pdf, p. 3