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indígenas que son violatorios de derechos humanos. 250 También preocupa esta declaración pues
no se trata de una institución jurisdiccional competente para dictaminar, mediante un proceso
judicial, si una determinada actividad es violatoria de Derecho o no. Pareciera que la institución
que fue creada para proteger a los indígenas ahora pudiera dedicarse a señalar y a perseguir la
presunta ilegalidad de las prácticas indígenas.
6.2.3.3. Respeto por la autonomía indígena
Al internarnos en el ámbito de la autonomía encontramos que las políticas públicas del
Estado mexicano son mucho menos respetuosas de la diversidad cultural proveniente de los
pueblos y comunidades indígenas que en las materias abordadas con anterioridad. Para Díaz-
Polanco y Sánchez ha existido y existe un interés del gobierno por crear un marco constitucional
de autonomía que “en el fondo, anule los derechos de los pueblos o haga imposible su
ejercicio”. Señalan en ese sentido que mientras la propuesta de la COCOPA reconocía a los
pueblos indígenas como “los sujetos tanto del derecho a la libre determinación como de la
autonomía, en la iniciativa gubernamental 251 –mediante un retruécano que disocia a los sujetos
de la autodeterminación de los de la autonomía— son exclusivamente las comunidades las que
tienen este último derecho.” Dicen Díaz-Polanco y Sánchez, que los ejecutores de la política
oficial no desean reconocer “más allá de las palabras, que los indígenas conforman pueblos” o
que –añadiríamos nosotros— pueden llegar a conformarlos. Por tal motivo, la reacción
gubernamental frente a las declaratorias de municipios y hasta de regiones autónomas por parte
de los zapatistas y otros sectores del movimiento indígena, ha sido muy fuerte. “La aparición de
violentos grupos paramilitares en las zonas de conflicto y la ocurrencia de bárbaras matanzas,
como la de Acteal, en parte pueden interpretarse como una respuesta del Estado a aquellas
iniciativas de los pueblos.” 252
Con frecuencia se intenta convertir a la autonomía en una declaración sin contenido “ya
reduciendo los derechos más allá de lo mínimo, ya negando a los sujetos autonómicos el
reconocimiento –acotado constitucionalmente— de las instituciones propias.” De esta manera
se busca lo que Díaz-Polanco y Sánchez llaman el “reconocimiento de pueblos sin poder.” Así,
“la autonomía nace muerta o queda invalidada en la práctica, al menos por lo que se refiere a
250 ENCISO, L. Angélica, “En 20 años no se ha logrado acuerdo internacional sobre derechos indígenas”,
Periódico La Jornada, México, Sección Política, miércoles 21 de abril de 2004
251
Aquí se refieren a la iniciativa presentada por el ejecutivo federal al Congreso de la Unión en 1998
pero el análisis resulta igualmente aplicable a la reforma constitucional más reciente, de agosto del 2001.
252 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía, op.
cit., pp. 25 y 40-41