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rango, desvirtuando con esto la forma en que se suponía se garantizaría a los indígenas ciertos
derechos. Es decir, las pocas leyes que efectivamente reconocen algunos derechos indígenas no
se cumplen. Esto aunado a que la legislación es aún ambigua, pobre e insuficiente.
Podría pensarse que es posible invocar creativamente disposiciones con derechos que ya
se reconocen, y llevar a los tribunales casos paradigmáticos para lograr una jurisprudencia
acorde con esos derechos. Sin embargo, a partir de los casos traídos a colación en este trabajo,
consideramos que estas acciones resultarían probablemente contraproducentes. Finalmente,
también los miembros del poder judicial participan de esa clase que ha sido educada y que
piensa precisamente de acuerdo con la teoría y doctrina política y jurídica dominante. Para que
la garantía judicial de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sea efectiva, será
necesaria una capacitación adecuada y consistente de los miembros del poder judicial.
Ni el Ejecutivo ni los legisladores han mostrado con claridad que efectivamente estén
interesados en que se dé un reconocimiento de derechos exigibles como medidas especiales o
derechos diferenciados y el ejercicio de la autonomía, así como en el reconocimiento jurídico de
los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho.
XXVII. Respecto del derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia en la legislación
actual mexicana podemos decir que la inclusión de la prohibición de la discriminación en la
legislación nos parece acertada; sin embargo, la igualdad formal es necesaria pero no suficiente
para garantizar el reconocimiento de derechos inherentes a la diversidad cultural.
Gran parte de lo que se incluyó como derechos en la Constitución –en el apartado B del
artículo 2º constitucional— consiste en realidad en una lista de programas sociales que se
prestan para continuar con políticas paternalistas, intervenir de forma unilateral en la vida
indígena y dejar de lado lo realmente importante, que es su reconocimiento como sujetos
colectivos de derecho con derechos diferentes. Las disposiciones del apartado B constitucional
se refieren al ámbito económico y social. No estaría mal que se les reconociera especialmente a
los indígenas derechos económicos y sociales, pero para ello es necesaria una redacción que
claramente los ponga como sujetos plenos de estos derechos y se establezcan con claridad las
formas de exigir su cumplimiento. Por otro lado, es claro que el simple texto legal no va a
mejorar por sí solo las condiciones de vida de los indígenas. Si de verdad se buscaba mejorar
sus condiciones como agentes morales, se les hubiera dotado de facultades para empoderarse y
autogestionar sus recursos, para tomar las riendas en estos ámbitos.