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6.1. El marco legal. Derechos reconocidos
Para introducirnos en el análisis a la reforma constitucional en materia indígena de
agosto de 2001, repasaremos algunos antecedentes de la misma.
Mientras se discutía la creación de una ley reglamentaria –es decir, de una ley
orgánica— para la aplicación del anterior artículo 4º constitucional, se levantó en armas el
EZLN. Al decretarse el cese al fuego por parte del gobierno federal y del ejército zapatista, se
pactaron las condiciones para un diálogo entre ellos. Con fundamento en la Ley para el
Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, aprobada por el Congreso federal, se
llevaron a cabo los Diálogos de Paz en San Andrés Sacamch’en de los Pobres, también
conocido como San Andrés Larrainzar (San Andrés). En estos diálogos participaron las
delegaciones del EZLN y del gobierno federal.
La forma como se comportó la delegación gubernamental en los diálogos de San Andrés
nos puede dar una idea de cómo se fue encaminando la legislación en torno a derechos
indígenas. Cuentan Díaz-Polanco y Sánchez que el gobierno federal llegó a las mesas de
diálogo sin una propuesta de fondo “salvo el propósito salinista de reglamentar el artículo 4º de
la constitución.” Por su parte, uno de los principales reclamos de la delegación zapatista,
acompañados de asesores indígenas y de la sociedad civil, era precisamente la estrecha
formulación del artículo 4º. Posteriormente, la delegación gubernamental fue alejándose de la
idea de la ley reglamentaria y fue acercando su propuesta a lo expuesto por los zapatistas: “Al
final, terminó recogiendo los aspectos más generales del discurso autonómico indígena, pero
extrayéndole componentes fundamentales.” La delegación gubernamental se negó a “discutir
sobre la sustancia de algunos cambios esenciales que darían concreción a la autonomía,” y sólo
acordó lo que consideró no significarían cambios importantes en la estructura del Estado. Para
Díaz-Polanco y Sánchez, “el gobierno no reconoció derechos de los pueblos indios que
implicaran, a fondo, una nueva distribución territorial del poder del Estado, la descentralización
político administrativa, y la equidad sociopolítica, económica y cultural entre las partes
componentes de la nación.” 1
Los Acuerdos de San Andrés fueron firmados en febrero de 1996. Estos Acuerdos
comprenden tres documentos a saber: El primero es el “Pronunciamiento conjunto que el
1 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía,
México, Siglo XXI, 2002, p. 140