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importante que se tenga en cuenta qué tipo de representantes se van a dar, así como las
funciones que tendrán pues de lo contrario se pueden dar situaciones de indeterminación como
sucede, por ejemplo, en Puebla, donde su código electoral permite la elección de autoridades
mediante usos y costumbres pero no señala para qué cargos; o en Sonora, donde la Ley
Orgánica municipal establece la elección de un regidor étnico pero no están determinadas las
funciones del mismo. 90 Desde nuestro punto de vista, las facultades de estos representantes
deben establecerse a partir de las necesidades de la comunidad en cuestión; por ello, antes del
trabajo legislativo, debe darse un procedimiento de consulta. Por otro lado, debe garantizarse la
representatividad y legitimidad del representante pues en no pocos casos se ha observado que
éste acaba siendo un cómplice del gobierno municipal, estatal y federal en turno o, simplemente
no habla por las comunidades a quienes se supone que representa.
Díaz-Polanco y Sánchez destacan el hecho de que la propuesta de la COCOPA contenía
adiciones a los artículos 53 y 116, donde se establecía la representación de los indígenas en el
Congreso de la Unión y en los congresos locales. Sin embargo, en la reforma de 2001
simplemente se quitó. 91
El Apartado A contiene una última fracción donde se establece el acceso a la
jurisdicción del Estado. Consideramos que este derecho no se trata de un derecho autonómico,
sino de derechos diferenciados que se establecen para garantizar el derecho de igualdad. Por
ello lo hemos analizado en el apartado anterior. 92
Otro derecho que se reconoce a los pueblos indígenas en el artículo 2º es el de ser
consultados para “la elaboración de planes de desarrollo nacional, estatal y municipal y, en su
caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”, 93 que se establece a contrario
sensu, es decir, como una obligación de la Federación, los estados y los Municipios. Esta
disposición, a pesar de que se encuentra en el apartado B, no contiene una disposición de
carácter asistencial. Al interpretarla, deberá de tomarse en consideración el artículo 6.1 del
Convenio 169 que establece que “los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos indígenas,
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas,
90 LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Legislación y derechos indígenas en México, op. cit., p. 68. Como se
verá mas adelante, en el capítulo 7.4., la figura del regidor étnico ha sido conflictiva para la Tribu Yaqui
como pueblo indígena de Sonora pues implica que un indígena esté teniendo funciones políticas distintas
a las que tienen las autoridades tradicionales de la Tribu.
91 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía, op.
cit., p. 164
92 Ver apartado sobre el derecho de igualdad y el derecho a la diferencia en este mismo capítulo
93 Apartado B, fracción IX