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gobierno federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional”; 2 el
segundo de ellos consiste en las “Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se
comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, correspondientes al punto
1.4 de las reglas de procedimiento”; y el último de ellos se trata de los “Compromisos para
Chiapas del gobierno del estado y federal y el EZLN, correspondientes al punto 1.3 de las reglas
de procedimiento.” 3
2 Es importante, al leer los documentos y trabajos emitidos en México, tener en consideración que
algunos conceptos tienen variaciones en su uso respecto de España, pues mientras en España, “estatal”
significa del Estado-nación, en México, en muchas ocasiones, como la actual, significa de las entidades
federativas o estados que conforman la república mexicana. Y cuando se utiliza el término “nacional”, en
España puede en ocasiones significar el relativo a una sociedad cultural determinada, como un a región
autónoma o la sociedad que la compone, en el interior del Estado-nación; en México, generalmente
significa “del Estado-nación”, cuando se dice “el ámbito nacional”, se quiere decir, el ámbito de todo el
territorio de la república mexicana.
3 Acuerdos sobre derechos y cultura indígenas. Existen numerosas publicaciones con estos acuerdos; aquí
podemos citar, por ejemplo, HERNÁNDEZ NAVARRO, Luis y VERA HERRERA, Ramón (comps.),
Acuerdos de San Andrés, México, Era, 1998, pp. 53-95. Para su facilitar su consulta los hemos incluido
en los apéndices de este trabajo.
Podemos aquí señalar, de manera muy resumida, que estos Acuerdos, en términos generales, contienen
compromisos para el gobierno federal, como: reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución
General (así como su libre determinación y la facultad para decidir su forma de gobierno y sus formas de
organizarse política, social, económica y culturalmente); ampliar la participación y representación política
de los pueblos indígenas a nivel local y nacional; impulsar cambios jurídicos y legislativos (en los que se
reconocieran los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas);
garantizar el acceso pleno a la justicia (que implica reconocer legalmente sus sistemas normativos
internos de solución de conflictos y sus formas específicas de organización); promover las
manifestaciones culturales de los pueblos indígenas (que implica el impulso de políticas culturales
nacionales y locales de reconocimiento y aplicación de los espacios de los pueblos indígenas para la
producción, recreación y difusión de sus culturas); asegurar la educación y la capacitación; garantizar la
satisfacción de sus necesidades básicas; impulsar la producción y el empleo; y proteger a los indígenas
migrantes.
Contienen principios para una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano.
Principios como: pluralismo, sustentabilidad, integralidad, participación y libre determinación.
Asimismo se plantean elementos para un nuevo marco jurídico que parta del reconocimiento
constitucional como derechos legítimos de las demandas indígenas, el reconocimiento de las comunidades
indígenas como entidades de derecho público, el reconocimiento en las legislaciones de los estados de la
república de la libre determinación y la autonomía indígenas, entre otros.
Contienen unas propuestas conjuntas del Gobierno Federal y el EZLN, entre las que se encuentran
reformas constitucionales para reconocer los derechos políticos, sociales, jurídicos, económicos y
culturales de los pueblos indígenas, así como el derecho a la libre determinación y la autonomía; la
remunicipalización, previa consulta a las comunidades y pueblos indígenas, la facultad de decidir
libremente a los representantes comunales y municipales de acuerdo con sus mecanismos tradicionales y
la posibilidad de organizar por sí mismos sus procesos electorales sin que sea necesaria la participación
de los partidos políticos. Se propone asimismo un Ombudsman de la comunicación.
Entre los compromisos para Chiapas podemos resaltar el establecimiento de un marco de reformas
basadas en la autonomía y la libre determinación con base en un nuevo pacto entre los pueblos indígenas
y el Estado; un nuevo marco constitucional con reformas tanto a la Constitución federal y la Constitución
chiapaneca como a las leyes secundarias (Código Civil, Código Penal, Código Electoral de Chiapas,
Leyes Orgánicas Judicial y Municipal, etc.). Además se propone la formulación de una Ley de Justicia y
Desarrollo Agrario.
Se incluyen Acciones y Medidas para Chiapas como la reforma municipal; la instalación de una mesa
agraria, con participación de representante del EZLN y la realización de un Censo Agrario; la tipificación
de la discriminación como delito perseguido de oficio; y la tipificación y sanción de prácticas laborales
discriminatorias.