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compadrazgo, el tequio, los sistemas de cargos, y las mayordomías. 77 Esta disposición coincide
con el artículo 8.2. del Convenio 169 que reconoce el derecho de los pueblos de conservar sus
costumbres e instituciones propias.
El derecho a la aplicación de sus propios sistemas normativos en la regulación y
solución de conflictos internos implica un derecho autonómico de administración de justicia.
López Bárcenas opina que este derecho es complementario del anterior: mientras el otro permite
la organización interna en distintos ámbitos, este permite la posibilidad de regular y resolver
conflictos de acuerdo a sus propios sistemas jurídicos, es decir, se reconoce un derecho a
jurisdicción interna. La Constitución establece algunos límites claros en el ejercicio de este
derecho: los principios generales de la Constitución, las garantías individuales, los derechos
humanos y la dignidad e integridad de las mujeres. También se establece que la ley establecerá
los casos y procedimientos de validación por parte de jueces o tribunales. Esta disposición
plantea algunos problemas: en primer lugar, se refiere a una ley que no existe, así que, por lo
pronto, imposibilita su cumplimiento; por otro lado, consideramos que no todos los casos de
resolución interna de conflictos deberán pasar por un procedimiento de validación pues no
tendría ningún sentido reconocer esta autonomía si luego se tienen que validar todas y cada una
de las decisiones. En todo caso, debería de establecerse el mecanismo correspondiente cuando
alguna persona sujeta a un procedimiento interno indígena, quisiera inconformarse ante una
instancia superior. 78 Sin embargo, esto no queda muy claro en el texto constitucional y no se
encuentra legislado en ninguna otra ley. El Convenio 169 también establece que deberán
respetarse los métodos a los que los pueblos recurren tradicionalmente para la represión de los
delitos. 79 En la fracción III del artículo 2º constitucional encontramos el derecho a la elección de
autoridades mediante mecanismos tradicionales. Aquí también se resalta que las mujeres
puedan participar con equidad. Por otro lado, se señala que el ejercicio de este derecho se de en
un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los Estados. López Bárcenas critica que
no queda claro a qué se refieren con esto y que si se interpreta en el sentido de que los pueblos
asentados en dos o más estados de la república no pueden reconstituirse, se estaría violando el
artículo 32 del Convenio 169 que dispone que los Estados deben facilitar los contactos y
77 Ver LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Legislación y derechos indígenas en México, op. cit. p. 61
78 Ver en un sentido similar LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Legislación y derechos indígenas en
México, op. cit., p. 62
79 Artículo 9.2.