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reconocer que es urgente una verdadera reforma legislativa que haga ejercitables los derechos
reconocidos en el artículo 2º constitucional y que, mientras tanto, es imprescindible reconocer,
por la vía política, las gestiones autonómicas de los pueblos y comunidades indígenas.
También concluimos que es sumamente preocupante que en regiones indígenas prosiga
la militarización y la paramilitarización promovida o tolerada por el gobierno. Lo más grave es
que la autoridad gubernamental desestime o niegue estos hechos y que utilice un doble discurso,
deslindando así su obligación de enmendarse. Por otro lado, la permanencia de la
paramilitarización puede llegar a convertirse en un problema que se salga del control de la
autoridad y arrastrar como consecuencia más violencia e ingobernabilidad en la región.
Pensamos que una verdadera política plural, más que intentar integrar “una perspectiva
de diversidad” en las acciones que provienen desde el gobierno junto con el financiamiento y la
entrega de fondos para llevar adelante estas políticas, sería importante que se dejara de
perseguir, hostigar y criminalizar a quienes gestionan o intentan gestionar de forma autonómica
los elementos que consideran relevantes para su cultura. Esto vale tanto para el ámbito
educativo, jurídico, político, social y cualquiera que los propios pueblos, comunidades y
organizaciones indígenas hayan decidido gestionar de acuerdo con sus prioridades.
Un elemento importante a tener en cuenta en las políticas públicas sobre indígenas es
que cualquier proyecto o programa que se pretenda llevar a cabo con indígenas debe de estar
legitimado por la población interesada. Esto implica que debe estar avalado por esa población –
de acuerdo con el artículo 6 del Convenio 169— a través de sus instituciones representativas, es
decir, aceptado por asamblea comunitaria. De lo contrario, no sólo carecerá de toda legitimidad
–toda vez que se tomaron decisiones de política públicas sin consultar a cabalidad a la
población— sino que muy probablemente fracasará porque al ser aplicado arbitraria y
unilateralmente por el gobierno, carecerá del reconocimiento y del apoyo de la población
destinataria y seguramente será ignorado o hasta boicoteado.
Consideramos que no nos encontramos frente a una ausencia absoluta de legislación y
políticas públicas. No es que éstas estén ausentes del todo: el problema es que la legislación es
insuficiente y ambigua y las políticas, además de que padecen de un gran déficit de
implementación, son inadecuadas y están mal orientadas. La legislación es insuficiente porque
no establece derechos colectivos ejercitables y exigibles y las políticas están mal orientadas
porque siguen partiendo desde el Estado como elemento externo que considera primordialmente
que los derechos indígenas se resumen en asistencia, sanidad y educación.