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podía concederle autenticidad a la rebelión zapatista. En su lógica, los indígenas eran incapaces
de constituirse en sujetos políticos. De ahí que la primera reacción fuera negar que la inmensa
mayoría de los insurgentes eran indígenas.” Una vez que la participación indígena era notoria y
evidente y que ya no se pudo negar, entonces el discurso gubernamental siguió en el sentido de
que “las comunidades habían sido manipuladas por grupos externos” y declaró que el gobierno
no podía ser responsable de las causas por las que los pueblos indígenas de Chiapas se habían
rebelado. Se afirmó que “[l]os culpables eran, [...], la diócesis de San Cristóbal y los militantes
mestizos del EZLN, quienes mediante engaños habían llevado a los indígenas a tomar las
armas.” 173
En contra de esta particular visión nos parece pertinente retomar lo dicho por Knight
cuando habla de la participación campesina en la revolución mexicana pero que viene mucho al
caso en relación con el tema que ahora abordamos: “[u]n ‘movimiento campesino’ no está desde
luego, compuesto enteramente por campesinos. Ni tiene que ser dirigido, en todos los casos,
por campesinos. Más bien debe mostrar, [...] , que cuenta con el apoyo espontáneo (no
coercionado) de los campesinos para perseguir objetivos que éstos suscriben por voluntad
propia –de hecho, con gran afán.” 174
En cuanto al sector gubernamental, en muchos ámbitos todavía se ve al indígena como
un ente que hay que asimilar a la cultura nacional. El discurso oficial, a raíz de las críticas y
cuestionamientos que se mencionaban al principio del capítulo, ha venido cambiando
paulatinamente. En la exposición de motivos del Dictamen de Reformas Constitucionales en
Materia de Derechos y Cultura Indígenas de 2001 se expresa que “[s]e asumió el compromiso,
compartido por todos, con el reconocimiento de los indígenas mexicanos como ciudadanos de
plenos derechos, así como la aceptación de la alta significación nacional de sus culturas y
valores, a fin de articular armoniosamente los derechos de carácter cultural de los ciudadanos
con los derechos particulares de los grupos indígenas.” 175 Nos parece encontrar un discurso
mucho más abierto que el de décadas o siglos anteriores; se han sustituido términos como
incorporación, por otros como reconocimiento de ciudadanos con plenos derechos. No
obstante, hasta aquí, cabe observar que se habla de ciudadanos, individuos indígenas, o de
grupos, pero no de pueblos.
173 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía, op.
cit., p. 67
174 KNIGHT, Alan, “Armas y arcos en el paisaje revolucionario mexicano,” en JOSEPH, Gilbert M. y
NUGENT, Daniel (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del estado, trad. de Rafael Vargas,
México, Era, 2002, Colección Problemas de México, p. 68
175 “Dictamen de Reformas Constitucionales en Materia de Derechos y Cultura Indígenas”, en Libro
Blanco sobre las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, México, Instituto
de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 2002, p. 580