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Lo que sí es deseable es que el Estado tenga una actitud clara, congruente y consistente
de respeto ante las organizaciones económicas, sociales, políticas y jurídicas de los indígenas y
deje de reprimir o criminalizar con criterios poco claros.
6.2.3.3.2. Autonomía educativa y lingüística
Aunque ya hemos hablado de las políticas respecto del derecho al uso de la propia
lengua y a una educación acorde con la propia lengua y cultura, retomamos estos derechos al
hablar de la autonomía pues también es un derecho el poder gestionar, impulsar y promover de
forma autonómica, la lengua y la educación conforme a su propia cultura. Así lo establece la
fracción IV del artículo 2º constitucional.
Sin embargo, independientemente de lo adecuadas o inadecuadas que puedan ser las
instancias de la Secretaría de Educación Pública respecto de la educación intercultural bilingüe,
en muchos casos todavía se reprimen las gestiones autonómicas en este ámbito.
Por ejemplo, en un informe paralelo presentado por el CNI ante la OIT se señala que
“[e]l Estado mexicano no ha tomado las medidas necesarias para promover la participación
directa de los pueblos indígenas en los programas de formación profesional, incluso cuando
organizaciones indígenas tienen propuestas e iniciativas de formación para sus pueblos, el
gobierno, lejos de escuchar y apoyar las propuestas de ellos, los considera como rivales que se
insertan en un área que el gobierno considera propia y exclusiva”. En este informe se denuncia
que la Organización Independiente Totonaca en el Municipio de Huehuetla lleva, desde hace 7
años, un proyecto educativo, con el que ha creado el Centro de Estudios Superiores Indígenas
Kgoyom (CESINK) y que esta organización ha sido hostigada por el gobierno estatal y
municipal. 262
Por otro lado, de manera sistemática se ha censurado y obstaculizado el funcionamiento
de radios comunitarias indígenas. Este problema ha llegado a tal grado que ha sido considerado
por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en su más reciente informe. En este informe, el Relator, entre otras cosas,
expresa que:
“De acuerdo con la información recibida, de cien proyectos de radios
comunitarias existentes en México, el Estado sólo ha otorgado seis permisos a
262 CNI, Informe paralelo presentado ante la OIT en septiembre de 2001