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indígenas condicionados a diversas circunstancias locales como la correlación de fuerzas
políticas. Limita el ejercicio de los sistemas normativos tradicionales; obstaculiza el ejercicio
colectivo y preferente del uso y disfrute de los recursos naturales, así como sobre sus tierras y el
derecho al territorio; excluye la posibilidad de un sustento para el ejercicio de la autonomía
como forma de ejercicio de la libre determinación en cada uno de los ámbitos y niveles en que
los pueblos y comunidades los hicieran valer; dificulta la posibilidad de las comunidades y
municipios para reconocerse como parte de un pueblo indígena y obstaculiza así la
recomposición de estos pueblos.
Pensamos que una legislación nacional en materia indígena debe contar antes que nada,
con el consenso de la parte interesada y creemos que esto tiene fundamento jurídico en el
artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y fundamento político y moral en que si se da la espalda
a estos sujetos colectivos al legislar en torno a sus derechos, nuevamente estaríamos yendo en
contra de sus necesidades como culturas diferenciadas y estaríamos promoviendo una norma
injusta.
XXIX. Pensamos que las políticas públicas presentan una brecha entre el discurso y la
práctica. En alguna de las leyes relacionadas con la política social encontramos algunas
inclusiones afortunadas; sin embargo, en la mayoría de los casos, se trata de meras
declaraciones que no han sido acompañadas de formas efectivas de cumplimiento. Además,
aunque se inicie en muchas ocasiones con la idea del reconocimiento de la diversidad,
invariablemente se termina en acciones basadas en la vulnerabilidad y la pobreza, con base en
políticas asistencialistas. Aunque en algunas normas se menciona el disfrute de los derechos
colectivos y la idea de la participación social, al no existir elementos para que los pueblos y
comunidades indígenas puedan ejercer con facilidad y sin obstáculos sus derechos como entes
colectivos, ni mecanismos efectivos de participación social, en la práctica poco se cumple.
Por otro lado, pese a que la transformación de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI) se debió haber reformulado en torno a los derechos colectivos
indígenas, de hecho se ha efectuado bajo una política de “promoción al desarrollo” –con toda la
ambigüedad que este término implica. Nuevamente se verifica una política asistencialista,
gestionada de arriba hacia abajo que no favorece el ejercicio de la libre determinación y la
autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, así como la reconstitución de los mismos.
Podemos observar una desviación entre la Consulta Nacional sobre Pueblos Indígenas, Políticas
Públicas y Reforma Institucional, que arrojó reclamos claros sobre la necesidad del
reconocimiento de que conforman pueblos con culturas propias, y lo que finalmente se convirtió
en la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.