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se desprenden del análisis de casos ante el Comité es la relevancia del medio ambiente para la
protección de derechos minoritarios; así como las actividades económicas como parte
importante de la identidad cultural y la interpretación de que la libertad de los Estados en torno
al desarrollo y la tecnología esta limitada por las obligaciones que se desprenden del artículo
27. 103 Respecto de la aplicación individual o colectiva de los derechos del artículo 27, el
Comité ha reconocido derechos colectivos y se ha pronunciado de diferentes formas en
diferentes casos. Por ejemplo, en el caso Lovelace vs. Canadá privilegió el derecho individual
de Sandra Lovelace de tener su propia vida cultural en común con los demás miembros de su
comunidad, en contra de la opinión de los miembros de la misma comunidad. En cambio, en el
caso Kitok vs. Suecia, el Comité favoreció los intereses de la comunidad en contra del interés
individual de Ivan Kitok. Esto muestra que no existe un criterio a priori acerca de qué derecho
prevalece, si el individual o el colectivo. 104
El Comité de Derechos Humanos también ha adoptado una Observación General, la
Núm. 23, sobre el artículo 27 del Pacto. 105 En esta Observación, entre otras cosas, el Comité
critica la postura de los Estados que se niegan a reconocer sus minorías y que defienden la
postura de que es suficiente con la no-discriminación. Señala también que no es necesario ser
ciudadano ni residente permanente del Estado parte para ser protegido por el artículo 27, pues se
le reconoce también a los visitantes y a los trabajadores migrantes. Esto significa un avance en
el ámbito de Naciones Unidas. Aún se habla de un cierto grado de permanencia de estas
personas, sólo que ahora se ve con más flexibilidad esta permanencia. En la Observación el
Comité también habla a favor de la medidas positivas para prevenir condiciones de desigualdad
en el disfrute de derechos; no especifica que estas medidas tengan que ser temporales pero se
infiere del objetivo. Afirma que los recursos de la tierra están incluidos en el derecho a la
cultura, sobre todo en el caso de pueblos indígenas. Indica que la protección de todos estos
derechos está encaminada a asegurar la supervivencia y desarrollo de la identidad cultural,
religiosa y social de las minorías, pero además a enriquecer el tejido social de toda la sociedad.
indígenas.(SPILIOPOULOU ÅKERMARK, Athanasia, Justifications of Minority Protection in
International Law, op. cit., pp. 157-170)
103 Esto se puede observar en los casos Lubicon Lake Band vs. Canadá y Länsman vs. Finlandia
(SPILIOPOULOU ÅKERMARK, Athanasia, Justifications of Minority Protection in International Law,
op.cit., pp. 157-171)
104 Un análisis de estos dos casos y de las opiniones del Comité se puede encontrar en SPILIOPOULOU
ÅKERMARK, Athanasia, Justifications of Minority Protection in International Law, op.cit., pp. 157-
1158 para el caso Lovelace; pp. 158-158 para el caso Kitok; y pp. 173-174 para el análisis de la relación
con esta problemática.
105 Observación General núm. 23 (50), UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.5