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nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud,
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga
por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas”. 20
El artículo 9, fracción XXV de esta ley ya contiene alguna disposición sobre nodiscriminación
en ámbitos que incumben a los indígenas y señala que se considera práctica
discriminatoria “restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en
actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables”.
Según dice Carbonell, “la inserción de la cláusula de igualdad formal [en la
Constitución] obliga al legislador a emprender una revisión profunda de toda la legislación, de
forma que vaya aplicando los criterios genéricos descritos en el artículo 1 para detectar las leyes
que los vulneren, con la finalidad de llevar a cabo la adecuación de las mismas al marco
constitucional.” 21
Hasta aquí, nos parece del todo acertada y necesaria la inclusión de la prohibición de la
discriminación en la legislación mexicana. Sin embargo, como se ha comentado y se analizará
con más detenimiento más adelante, la igualdad formal garantiza un tipo de igualdad pero no
toda y, aunque necesaria, no es suficiente para garantizar el reconocimiento de derechos
inherentes a la diversidad cultural.
El artículo 2º de la Constitución es el que contiene la reforma más extensa y la más
controvertida; contiene la primera referencia específica a los pueblos indígenas y una variada
serie de disposiciones específicas en la materia. Los primeros párrafos, que contienen
afirmaciones sobre la composición del Estado-nación, las definiciones de pueblos y
comunidades indígenas los tratamos en el capítulo anterior.
Después del párrafo quinto, el artículo 2º se divide en dos apartados: A y B. El apartado
A contiene disposiciones sobre libre determinación y autonomía de las cuales hablaremos más
abajo. En el apartado B se establecen obligaciones para la Federación, los Estados y los
Municipios con la finalidad de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas, la
eliminación de prácticas discriminatorias, garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo
integral de sus pueblos. Se establecen obligaciones, en gran parte, de carácter positivo, a los
20 Artículo 4
21 CARBONELL, Miguel, “La reforma constitucional en materia indígena. Un primer acercamiento”, op.
cit., p. 4