O Estado oculto - Repositorio Institucional da USC - Universidade ...

que además son inconstitucionales, y ahí sí que hay ya una fractura de la
legalidad. Porque las Cortes españolas de 1978 no podían aprobar algo que
contrariaba la letra y el espíritu del ombligo de libertades que se formula en la
Constitución en el artículo 14. (El artículo 16 no es más que el truco indecente
de introducir en la Constitución algo notoria y manifiestamente inconstitucional.)
El Gobierno y la Iglesia se autodeslegitiman cuando pasan por encima de la
soberanía popular para tomar la decisión sobre el modelo de poder religioso.
De modo que no hubo sujeto constituyente, no hubo Cortes constituyentes.
¡Las Cortes de Procuradores franquistas se convirtieron en las Cortes
constituyentes de la llamada democracia, y este es un gran timo y un gran
fraude! Y después, los que mandan desde entonces en España dicen, sin el
menor pudor político, sin el menor sentido democrático y sin la menor
honestidad política elemental, que este modelo constitucional es el summum de
la maravilla.
Sabemos que, tras a renuncia estratéxica da igrexa católica a soster un partido
democratacristián, foron os partidos da dereita –UCD e AP–, dos que formaban
parte políticos de militancia católica moi destacada (v.g., Alzaga, Álvarez de
Miranda, Cavero, Oreja ou Osorio), os que defenderon coherente e
explicitamente un status especial para a igrexa católica, que atoparía a súa
plasmación máis significativa no artigo 16.3 da Constitución. Como cre vostede
que se podería caracterizar a posición dos grandes partidos da esquerda
española? Con outras palabras: que importancia tivo para os partidos da
esquerda a cuestión do status da igrexa católica? Ademais, vostede ten escrito
que a igrexa católica estivo sobrerrepresentada no relatorio constitucional. Que
datos lle permiten facer esta última afirmación?
Desgraciadamente, la cuestión del status de la Iglesia católica no tuvo ninguna
importancia para los partidos de la izquierda. El soberano nombró digitalmente
para la ponencia constitucional a siete personajes, de los cuales cinco eran
activos y férvidos militantes católicos –Fraga, Herrero de Miñón, Roca i
Junyent, Gabriel Cisneros y Peces-Barba– y uno el delegado de Carrillo –el
cual tenía instrucciones relativas al supuesto nuevo estatuto de la Iglesia que
752