O Estado oculto - Repositorio Institucional da USC - Universidade ...

hubo una amnistía, y amnistía quiere decir no solamente mutuo perdón, sino mutuo olvido.
Amnistía quiere decir amnesia, y eso, insisto, quiere decir olvidar, olvidar. [...] Todo el mundo
tiene derecho a enterrar a sus muertos. Pero los muertos amontonados son de una guerra civil
en la que toda la responsabilidad, toda, fue de los políticos de la II República. ¡Toda!”. Vidal-
Beneyto (2007e) contéstalle ao “beligerante ministro de Información (es decir de propaganda)
del general Franco” cunha sintética pero contundente lista de “agresiones antidemocráticas”
acumuladas por Fraga Iribarne “en su largo ejercicio del poder franquista”, no que actuou
“como martillo de herejes, digo de los demócratas”. Para Espinosa Maestre (2008), a dereita,
“pese a ser democrática, no acaba de romper amarras con el pasado franquista. Resulta
inconcebible que, siguiendo con la práctica habitual de la dictadura, haya quien niegue a los
familiares de las víctimas el derecho a saber qué fue de ellas y la posibilidad de celebrar por fin
los ritos negados y aplazados por el terror”.
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Navarro, 2004b, 129. Para un desenvolvemento desta tese, v. Navarro, 2006a. Ao noso
entender, non quedan moi claras as razóns polas que Navarro considera “as esquerdas”
corresponsábeis, cando, segundo o mesmo autor, carecen de alternativas fronte á dominación
das “dereitas”. Esta insuficiencia na argumentación podería axudar a cimentar a dominación da
tese consensualista.
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Navarro, 2004a.
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Águila Tejerina (2006, 199) parece fíxarse nesta metáfora: “Los derrotados, los excluídos,
aquellos a los que la historia aplastó y que el pasado esconde con frialdad estremecedora, son
dignos de nuestra atención”.
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Enlazando co seu modelo desenvolvido en Águila Tejerina, 2000. Sobre esta última obra, v.
Araujo Cardalda, 2003.
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Gibson (2006) formula, a este respecto, unha interesante pregunta: “Habría que pedir a las
derechas de este país, tan católicas ellas, un poco de piedad hacia las familias de los vencidos.
¿O es demasiado pedir?”. Con todo, esta demanda de xustiza dos represaliados polo
franquismo debe ser cohonestada, segundo Pradera (2007b), cos “principios de seguridad
jurídica, prescripción e irretroactividad restaurados por el ordenamiento constitucional de 1978”,
o que resulta problemático. Martín Pallín (2007, 44) esixe directamente que o Estado rexeite
formalmente o golpe de Estado de xullo de 1936 e a posterior ditadura. Águila Fernández
(2007b, 68), desde a súa posición canónica, lembra que “el régimen democrático, a pesar de la
lentitud con que ha procedido, y de las lagunas aún existentes en materia de reparación, no ha
dejado nunca de ampliar los derechos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo”.
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Sotelo, 2007a. O autor vai máis alá e, tras constatar que “la memoria que ahora emerge es
la de los vencidos”, conclúe: “El riesgo que los vencedores perciben en la ‘memoria histórica’
es que una reivindicación de la República y una condena de los golpistas que provocaron una
terrible guerra civil y 40 años de feroz dictadura, replantee una transición que se llevó a cabo
con una España vencida, todavía aterrorizada”.
Mesmo o ex presidente do Goberno de España, Felipe González (González Márquez, 2006),
realiza unha contribución a este debate, na que se distancia expresa e sorprendentemente do
modelo canónico:
Respeté durante años el chorreo permanente de canonizaciones de mártires de la guerra incivil, aunque
todos habían recibido digna sepultura y reconocimiento, como las víctimas del llamado bando nacional. ¿Por
qué se pretende que recuperar la memoria, lógicamente inclinada a los que no obtuvieron ni tierra digna ni
reconocimiento, sea fruto del rencor y no reparación ineludible?
Oigo que era un pacto de la transición. No es verdad [...]. Recuperar la memoria tiene [...] la función
de que aquello no se repita nunca entre nosotros. Olvidar a tantos, como olvidar a secas, es renunciar a la
dignidad de esa mitad que perdió, es enterrarlos en el olvido. Sin el conocimiento del pasado, el futuro se
oscurece y la moderación que permite la convivencia en paz y libertad se pone en riesgo.
Para Vincent (2007, 87), o silencio, de feito, “puede representar el acomodo por parte de los
vencidos, o alguna otra forma de aquiescencia”.
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V. Amigo Vallejo, 2008, 24-25, Asenjo Pelegrina, 2008, 59-62, Casanova Ruiz, 2007a,
Castro Berrojo, 2007, 322-324, Conferencia Episcopal Española, 1999, puntos 1 e 14, e 2006b,
punto 7, Cárcel Ortí, 1997, 357-358, 2002, 17-18 e 146, e 2008, 36-38, Juliá Díaz, 2006d, Mate,
2007, Palomar Baró, 2007, Reig Tapia, 2006c, 23-25, e Yanes Álvarez, 2008, 266.
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Estamos de acordo con Botey Vallés (2007, 16) cando afirma que todo “colectivo tiene
derecho y probablemente obligación de honrar a sus muertos”. Pero, e nisto tamén coincidimos
con este autor, para que a igrexa católica poida levar a cabo esta tarefa sen ofender nin
humillar as vítimas inocentes republicanas e contribuíndo á reconciliación é necesario que
recoñeza que (a) a II República foi democraticamente lexítima, (b) o golpe de Estado de xullo
de 1936 e mais a ditadura foron ilexítimas e (c) a Guerra Civil foi un erro; tamén debe pedir
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