O Estado oculto - Repositorio Institucional da USC - Universidade ...

se acordase, que debía apoyar sin reservas para no volver a cometer un error
que había costado la derrota de la República, según alegaba Carrillo–. Felipe
González, al comienzo de su mandato como Presidente del Gobierno, confesó
a una periodista de este país que la idea era precisamente esa: que no se
podían regatear concesiones a la Iglesia católica.
El séptimo padre de la Constitución 1261 –padre ilegítimo a todas luces–
era un compañero mío de la carrera diplomática cuya vida pública constituyó
una demostración de oportunismo. Me consta que este caballero tenía un único
interés, el de ser ministro del Gobierno, y todo lo demás le importaba un bledo.
Con este personaje tuve mucha relación antes de la muerte de Franco, en
reuniones de diplomáticos inquietos que dialogábamos y especulábamos sobre
qué iba a pasar después de la muerte del dictador y cuál era la actitud que
había que adoptar. Incluso llegó a ser un miembro más o menos activo de los
Felipes. 1262
La cuestión de la Jefatura del Estado español y las relaciones Iglesia-
Estado –es decir, monarquía o república y estatuto regulador de las relaciones
entre poder político y poder religioso– eran los dos asuntos clave a los que
tenía que dar respuesta la nueva Constitución española, porque ya habían
estado en la entraña de la Guerra Civil y del desarrollo político-ideológico del
franquismo. La izquierda española sabía perfectamente que este era un
problema crucial, pero se despreocupó y dejó que fuese la democracia cristiana
la que dictase lo que le pareciese. Una de las tremendas inmoralidades de los
partidos de izquierda es precisamente que se ausentaran de este debate.
Algúns autores sosteñen que a Constitución de 1978, no seu artigo 96, anula o
principio da lex posterior cando estabelece a permanencia das normas dos
tratados, que non poden ser derrogadas por unha lei mentres subsista a obriga
internacional contraída polo Estado. As regras dun tratado internacional serían,
ademais, de aplicación preferente respecto das normas legais internas. Neste
sentido, os acordos de 1979 poderían ser interpretados como un instrumento
case-constitucional destinado a impedir unha interpretación laicista da lei
fundamental sexa cal for o partido gobernante?
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