O Estado oculto - Repositorio Institucional da USC - Universidade ...

envergadura. Nunca hubiéramos podido imaginar que en el Estado llamado
democrático –en un país en el que por lo menos la mitad de la población se
declara indiferente, no católica, no religiosa, etc.– tendríamos una Iglesia, no ya
dotada de legitimación, sino convertida en un apéndice y en un lastre de la
economía española. En efecto, la Iglesia goza de unos privilegios financieros
que se plasman en una dotación en los Presupuestos Generales del Estado
(que tiene carácter provisional, a la espera de que se pueda aplicar lo previsto
en el acuerdo económico de 1979, aunque de hecho no se puede discutir) 1263 y
en una legislación fiscal en la que los ciudadanos que lo desean (y nunca lo
han deseado más del 30 o 32%) pueden, sin aumentar el volumen de su
tributo, asignar una parte de sus cuotas a la Iglesia. En el sistema fiscal
español se prevé, por lo tanto, la transferencia a la Iglesia de una parte de la
renta de los no católicos e incluso de los ciudadanos abiertamente refractarios
a que el poder religioso de cualquier naturaleza reciba una subvención.
Estos dos privilegios –el presupuestario y el fiscal– rompen el propio
marco del confuso y ambiguo artículo 16.3 de la Constitución, al concederle a
la Iglesia un poder económico que se complementa, en el espacio educacional,
con la transferencia de grandes partidas presupuestarias –muy superiores a
aquellas de las que dispone la escuela pública– y de la política educativa –que
es uno de los servicios públicos principales de un Estado democrático– a la
escuela privada “concertada” –por utilizar el eufemismo oficial y no decir
escuela católica–, y la renuncia a una escuela pública laica o al menos
desprovista de connotaciones confesionales. Una democracia propiamente
dicha no puede asumir una religión como una forma de conciencia que se
impone en la escuela institucionalmente (aunque formalmente se imponga con
carácter facultativo). En el plano educativo, la situación de la Iglesia católica es
tán escandalosa que resulta verdaderamente hiriente e impúdico decir que esta
es una democracia de igualdad con arreglo a lo que establece el artículo 14 de
la Constitución, que prohibe la discriminación en función de la adscripción
religiosa de los ciudadanos.
En los medios de comunicación social financiados por la totalidad de los
ciudadanos, que tienen una fuerza enorme por el impacto que logran sobre la
población, hay algunos programas en los que se habla con toda naturalidad de
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