Administracion Estrategica - Hill - 8 edición

Capítulo 11 Desempeño corporativo, gobierno y ética en los negocios 391
del seguro médico, el gobierno decide examinar a las personas para ver si tienen el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) y negarles el respaldo del seguro a aquellas cuyo resultado
es positivo. Al reducir los costos del cuidado de la salud, esa acción podría producir
considerables beneficios para un gran número de personas, pero es injusta debido a que
implica una discriminación injusta en contra de una minoría.
La ética kantiana se basa en la filosofía de Emmanuel Kant (1724-1804), quien sostenía
que se debe tratar a las personas como fines y nunca simplemente como medios para los fines
de otros. Las personas no son instrumentos, como una máquina, pues tienen dignidad y
necesitan que las respeten como tales. El empleo de personas en talleres donde se les explota,
donde trabajan largas horas con un salario bajo y en malas condiciones laborales es una
violación de la ética, según la filosofía kantiana, debido a que se trata a las personas como
simples engranajes en una máquina y no como seres morales conscientes y dignos. A pesar
de que los filósofos morales contemporáneos tienden a considerar que la filosofía ética de
Kant es incompleta —porque, por ejemplo, en su sistema no hay cabida para las emociones
morales o sentimientos como la simpatía y la solidaridad—, la noción de que se debe respetar
a las personas y tratarlas con dignidad todavía resuena en el mundo moderno.
Te o r í a s d e l o s d e r e c h os Desarrolladas en el siglo xx, estas teorías reconocen que los seres
humanos tienen derechos y privilegios fundamentales. Los derechos establecen un nivel
mínimo de conducta moralmente aceptable. Una definición muy conocida de un derecho
fundamental se interpreta como algo que tiene precedencia o “triunfa” sobre un bien colectivo.
40 De manera que se podría decir que el derecho a la libre expresión es un derecho
fundamental que tiene precedencia por encima de todas las metas colectivas, con excepción
de las más apremiantes; por ejemplo, pasa por encima del interés del estado en la armonía
civil o el consenso moral. Los teóricos morales argumentan que los derechos humanos
fundamentales constituyen la base de la brújula moral con la cual deben navegar los administradores
cuando toman decisiones que contienen un elemento ético. En un escenario de
negocios, la teoría de los interesados proporciona un enfoque útil para que los administradores
sustenten cualquier discusión de los derechos. Como se señaló, los interesados tienen
derechos básicos que se deben respetar y no es ético violarlos.
Es importante observar que, junto con los derechos, se encuentran las obligaciones. Como
se tiene derecho a la libre expresión, también se está obligado a asegurarse de respetar la de
los demás. Dentro del marco de referencia de la teoría de los derechos, ciertas personas o
instituciones están obligadas a proporcionar prestaciones o servicios que aseguren los derechos
de otros. Esas obligaciones también recaen en más de una clase de agentes morales (un
agente moral es cualquier persona o institución capaz de llevar a cabo una acción moral,
como un gobierno o una corporación).
Por ejemplo, a finales de la década de 1980, para escapar de los elevados costos de la
eliminación de desechos tóxicos en Occidente, varias empresas los enviaban, en grandes
cantidades, a los países africanos, donde se eliminaban a un costo mucho más bajo. En
1987, cinco barcos europeos descargaron en Nigeria desechos tóxicos que contenían venenos
peligrosos. Trabajadores vestidos con tiras de cuero y pantalón corto descargaban los
barriles por 2.50 dólares al día y los depositaban en un lote baldío en un área residencial.
Nunca les dijeron lo que contenían esos barriles. ¿Quién tiene la obligación de proteger los
derechos de los trabajadores y de los residentes en un caso como éste? Según los teóricos de
los derechos, la obligación le corresponde no al agente moral, sino a todos los agentes morales
cuyas acciones podrían dañar o contribuir al daño que sufrirán los trabajadores y los
residentes. Por consiguiente, era obligación no sólo del gobierno nigeriano, sino también de
las empresas multinacionales que enviaban los desechos tóxicos, asegurarse de que no les
causaran ningún daño a los trabajadores y a los residentes. En este caso es obvio que tanto
el gobierno como las multinacionales no reconocieron su obligación básica de proteger los
derechos humanos fundamentales de otros.